l 27 de junio pasado, en la ciudad de Oaxaca, la Misión Civil de Observación, conformada por 22 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional defensoras de la naturaleza y el territorio, presentó su informe en que documenta y visibiliza las agresiones a pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio frente a la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre mayo de 2021 y mayo de 2024 (https://acortar.link/4JF8Bf).
Los datos del informe tienen su origen en las labores de registro y documentación realizadas por colaboradores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y Territorios Diversos para la Vida AC, así como en testimonios directos, investigación en el terreno, notas periodísticas, artículos de prensa, trabajos académicos y reportajes de medios de comunicación independientes, locales, regionales y nacionales.
Además, la Misión Civil de Observación, acompañada de medios de comunicación, nacionales e internacionales, efectuó un recorrido del 25 al 27 de julio de 2023, por municipios habitados por indígenas en el estado de Oaxaca, en que visitó a personas y comunidades afectadas, recabando la descripción narrativa y la información pertinente para la misión de observación.
En las cuatro secciones del informe se presenta el contexto del proyecto a gran escala del Corredor Interoceánico y en torno a la situación generalizada de las personas defensoras ambientales y del territorio en México; los datos relativos a las agresiones perpetradas contra las personas y comunidades defensoras del Istmo de Tehuantepec; las violaciones especificas a los derechos humanos, y por último las recomendaciones elaboradas por las personas, comunidades, organizaciones y colectivos participantes en la Misión Civil de Observación. El informe estipula que la investigación de las agresiones tienen como unidad de medida el ataque, que se entiende como un evento de fecha, lugar y circunstancias específicas en que pudieron perpetrarse una o más agresiones contra una o más personas defensoras del territorio, por uno o más agresores, identificados éstos en 27 categorías, entre las que se incluyen agentes particulares y funcionarios de Estado, federales, estatales, municipales y locales, así como integrantes de las fuerzas armadas.
En el contexto se hace un recuento de los orígenes y contenidos del proyecto de Corredor Interoceánico, anunciado en 2018 como parte del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo principal es hacer más eficiente el enlace entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y a través de la modernización del trasporte ferroviario, puertos comerciales, red de carreteras principales y secundarias, la infraestructura y las redes de conectividad digital, abastecimiento de gas, insumos básicos, agua potable, energía eléctrica, productos petrolíferos y petroquímicos, vivienda, movilidad y desarrollo tecnológico, red aeroportuaria y creación de polos de desarrollo; todo ello en 76 municipios de Oaxaca y Veracruz, donde se localizan, precisamente, comunidades de los pueblos indígenas zapoteco, mixe, zoque, huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popolucas nahua y también afromexicanos.
Las agresiones en el periodo señalado registran 72 ataques, en los que se cometieron al menos 226 agresiones, que comprenden: intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, criminalización, daños a propiedad, difamación, detención arbitraria, estigmatización, desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, uso indebido de la fuerza, allanamiento, despojo, robo, desaparición. Además, se documentaron tres homicidios contra defensores zapotecos, Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023). Se evidencian violaciones a los derechos a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, a la propiedad, a no ser desplazado o desaparecido forzadamente, a la libertad personal, al derecho de las mujeres y las infancias a una vida libre de violencia y el derecho a contar con un entorno seguro para los defensores.
Es de esperarse que el gobierno entrante tome en cuenta las recomendaciones asentadas en el informe, entre ellas, garantizar la implementación de medidas de protección efectivas en favor de los defensores del ambiente y el territorio, poner un alto a su criminalización; reconocer y respetar los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, su autonomía y libre determinación, la asamblea comunitaria como órgano máximo, deteniendo de manera urgente el proceso de militarización en el istmo.
