Lima. El Congreso de Perú aprobó ayer una ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002, algo que organizaciones de derechos humanos han advertido que promoverá la impunidad y podría beneficiar a figuras como el ex presidente Alberto Fujimori y militares retirados.

Según un cálculo de la fiscalía peruana difundido en junio, la ley impactará sobre 550 víctimas y 600 casos, entre investigaciones y procesos judiciales, que tendrían que ser archivados o concluidos por prescripción, es decir, porque se extinguiría la responsabilidad penal por el paso del tiempo.

Perú vivió un conflicto armado interno con miles de muertos entre 1980 y 2000 donde se enfrentaron las fuerzas de seguridad y del otro lado el grupo armado Sendero Luminoso. El conflicto derivó en investigaciones y procesos judiciales contra decenas de militares, senderistas y contra el ex presidente Fujimori (1990-2000).

La norma también ha sido criticada por expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, quienes indicaron que choca con los valores básicos de la comunidad internacional, fomenta la impunidad y está en patente contradicción con el estado de derecho.

La ley, que fue aprobada en una primera votación en junio, está ahora en manos de la presidenta, Dina Boluarte, quien puede promulgarla o devolverla con observaciones al Congreso. Boluarte, quien no ha hablado con la prensa por casi tres meses, no ha emitido comentarios públicos sobre su posible decisión.

La víspera, su primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo a la prensa estar absolutamente indignado por una orden emitida el martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió al gobierno, al Congreso y al Poder Judicial no adoptar, dejar sin efecto o no otorgar vigencia al proyecto que este jueves se convirtió en ley.

La iniciativa indica que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del primero de julio de 2002.

Activistas y expertos en derechos humanos afirman que la norma favorecería la impunidad. Una ley similar aprobada durante el gobierno del presidente Alan García (2006-2011) fue declarada inconstitucional un año después, en 2011, por el Tribunal Constitucional.