La presunta falsificación de firmas de tres consejeros electorales en un acuerdo de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) derivó en una denuncia ante la contraloría interna, así como en la revocación de dicho documento por el Tribunal Electoral (TECM) local.

A principios de junio, la Comisión de Quejas, presidida por la consejera Erika Estrada, emitió un acuerdo que determina procedente una medida cautelar solicitada por el PAN para retirar 35 publicaciones denunciadas como calumnia hechas por el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, resolución que fue impugnada por el funcionario ante el tribunal.

Al abrir los archivos, la autoridad jurisdiccional detectó dos documentos cuyas resoluciones se contraponen, es decir, en uno se declaran procedentes las medidas cautelares y en el otro no; ambos oficios contienen las firmas electrónicas de Estrada y de los consejeros Mauricio Huesca y Ernesto Ramos.

El acuerdo original votado en la comisión hace un análisis de cada publicación y se ordena su retiro en un plazo de 24 horas; y en el otro documento se detalla una explicación sobre la improcedencia del retiro de los mensajes.

El responsable de elaborar y enviar los acuerdos al tribunal es René Quiñones Ceballos, quien se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Quejas, es director ejecutivo de Asociaciones Políticas y Fiscalización y ex coordinador de asesores de la consejera Erika Estrada.

De acuerdo con fuentes del órgano electoral, los hechos se hicieron del conocimiento de la contraloría interna, al tiempo que los magistrados decidieron revocar los dos oficios, y ante la falta de certeza, ordenaron a la Comisión de Quejas emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado, a fin de que se pronuncie de nueva cuenta sobre la petición de las medidas cautelares.

Ayer, en sesión del TECM, los magistrados desecharon tres impugnaciones contra el acuerdo de diputaciones plurinominales que incrementa el número de legisladores de Morena en el Congreso local.

Lo anterior fue porque las partes denunciantes carecen de interés legítimo para presentar el juicio, ya que no fueron postulados por ningún partido político para contender por una diputación, por lo que no hubo ninguna violación a sus derechos.

Asimismo, los magistrados confirmaron la validez y entrega de constancia de mayoría de la elección de la diputación migrante, al considerar que no se acreditaron fallas, irregularidades ni actos de violencia durante la votación en las sedes consulares.