Tokio. En una decisión trascendental, la Corte Suprema de Japón ordenó ayer al gobierno que pague una compensación adecuada a cerca de una docena de víctimas que fueron esterilizadas según una Ley de Protección de la Eugenesia, actualmente en desuso, diseñada para impedir que personas con discapacidad tuvieran descendencia.

Unas 25 mil personas fueron esterilizadas sin su consentimiento entre las décadas de 1950 y 1970 para evitar el nacimiento de descendientes de mala calidad, según la ley descrita por los abogados de los demandantes como la mayor violación de los derechos humanos de la posguerra en Japón.

El máximo tribunal sentenció que la ley de eugenesia de 1948 es inconstitucional y rechazó la afirmación del gobierno de que el estatuto de limitación de 20 años debería protegerlo contra el pago de indemnizaciones.

El fallo beneficia a 11 de 39 demandantes, que lucharon en cinco tribunales menores de Japón para hacer que su caso llegara al máximo tribunal del país. Casos de los otros litigantes aún están pendientes.

Tras enterarse del fallo, los demandantes, varios de los cuales usan sillas de ruedas, sostenían afuera del tribunal letreros que decían Gracias y Victoria. No podría estar más feliz ni podría haber hecho esto solo, dijo un demandante de Tokio, de 81 años, que usa el seudónimo de Saburo Kita.

Kita dijo que fue esterilizado en 1957, cuando tenía 14 años y vivía en un orfanato. Le contó a su esposa su secreto, largamente guardado, justo antes de que ella muriera, hace años, y añadió que se arrepentía de no haber podido tener hijos.

El juez Saburo Tokura determinó que las cirugías de esterilización se realizaron sin motivos racionales y en una clara discriminación contra los demandantes debido a su discapacidad, según documentos del tribunal divulgados por sus abogados. El tribunal también afirmó que el procedimiento vulneró severamente su dignidad, y añadió que la continua discriminación y la grave violación de los derechos humanos durante 40 años a manos del gobierno eran un asunto muy serio.

En 2019, en respuesta a fallos de tribunales menores que lo hacían responsable, el gobierno ofreció un pago único en reparación por 3.2 millones de yenes (unos 360 mil pesos) a cada demandante. Sin embargo, el máximo tribunal declaró ayer que la compensación es insuficiente.