esulta que para la junta de gobierno del Banco de México, formada por cinco miembros de los cuales cuatro fueron propuestos por el gobierno de la 4T, la reacción en los mercados financieros que vivimos en los días siguientes a la elección se debe a factores idiosincráticos. Esa junta dice que hubo volatilidad en los mercados financieros, incrementos en las tasas de interés que pagará el gobierno mexicano por la colocación de valores gubernamentales a mediano y largo plazos y una visible depreciación cambiaria debido a el temperamento de los mexicanos.
Vimos como se sacudían las actividades financieras, se devaluaba el peso, caía el índice de la Bolsa Mexicana de Valores por el carácter que nos distingue, por nuestra idiosincrasia. La reacción económica de ciertos agentes financieros a los resultados de la elección del 2 de junio no se entiende como el intento de esos llamados mercados financieros, de las empresas de análisis financiero, de los inversionistas a los que asesoran, de empresarios que apoyaron la candidatura de la oposición de revertir la decisión ciudadana, advirtiéndole a la ganadora que no obedeciera al mandato ciudadano, sino que atendiera que a esos mercados les preocupaban las reformas constitucionales, porque se alterarían los pesos y contrapesos de la democracia mexicana.
Para esos cuatro miembros de la junta de gobierno nombrados por la 4T, y por supuesto a la que permanece de momentos anteriores, el asunto no es un tema de resistencia política ante las decisiones de la soberanía nacional, es decir, los ciudadanos. Se trata de las particularidades de los mexicanos. Por supuesto que este planteamiento intenta suavizar la reacción desproporcionada de esos actores económicos que no están de acuerdo con modificar la manera en la que se elige a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en estricto sentido, han actuado facciosamente en estos seis años y que, respetando precisamente las reglas de la democracia se acudió a los electores para aprobar lo que las cámaras rechazaron.
La reacción económica de estas empresas y de sus dueños y administradores, entendida como la respuesta política que pretende que la nueva administración incumpla con un claro mandato, no es la de quienes votamos por apoyar el plan C. De modo que no se trata de un factor idiosincrático que describe a todos los mexicanos, sino de una reacción política que documenta la incapacidad de esos grupos económicos para entender que quienes ocuparan las posiciones de mando en el gobierno mexicano los siguientes seis años están obligados respetar el mandato contundente de los electores.
Entendiendo que se trataba de una acción claramente especulativa, el propio Banco de México dos semanas después de la elección anunció que estaba listo para intervenir en el mercado cambiario si se mantenían las presiones contra el peso. La intervención del banco central en este mercado, que había incrementado artificialmente la demanda de dólares, se concreta ofreciendo esa moneda en los montos necesarios. En el primer momento el peso se devaluó porque se incrementó significativamente la demanda de dólares. La intervención del BdeM ofreciendo parte de los dólares que mantiene en sus reservas, aprecia la moneda mexicana. No hizo falta esta intervención ya que, de acuerdo con el comunicado del banco central, los mercados nacionales han presentado un mejor comportamiento
.
Para esta junta de gobierno los factores idiosincráticos
no constituyen un riesgo importante. Por el contrario, el balance de riesgos para la actividad económica se ha sesgado a la baja
. Se entiende que lo que dicen es que no esperan que esos grupos económicos persistan en su actitud de rechazo a las reformas que evidentemente se aprobarán.
Hay que señalar, por supuesto, que la virtual presidenta electa y su equipo político han actuado adecuadamente para contrarrestar esas presiones. Reuniones con otros actores económicos han documentado que la reacción está limitada a un grupo específico de empresas y empresarios y que hay acuerdos políticos a corto, mediano y largo plazos con grupos económicos relevantes y con empresarios claves.
En este contexto se inscribe la decisión de mantener la tasa de interés de referencia en 11 por ciento. Esta tasa ha permitido que los bancos comerciales hayan logrado utilidades extraordinarias desde que inició el ciclo alcista.
Es notable el apoyo explícito que ha recibido la presidenta electa de banqueros, de empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, de inversionistas extranjeros, que reconocen que en el primer sexenio de la 4T han funcionado sin interferencias y que, gracias a la estabilidad económica derivada del buen manejo del gobierno federal, han logrado importantes niveles de rentabilidad.
Así que no se trata de idiosincrasia, sino de lucha de clases.