l titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, informó que desde 2021 se investiga al consorcio empresarial Latinus por delitos de lavado de dinero y actos de corrupción. El funcionario explicó que las indagatorias no se iniciaron por capricho o algún dolo en contra de ese conglomerado, sino porque varios bancos emitieron alertas por movimientos financieros inusuales entre las cinco empresas que conforman el consorcio, lo cual permitió detectar triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación.
Gómez Álvarez dio a conocer que Latinus tiene unas firmas instrumentales que reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o por conducto de tres empresas que venden servicios médicos o de salud a entidades federativas
. Por medio de ellas, entre 2019 y 2024 recibió 2 mil 437 millones 285 mil pesos de los gobiernos del estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas e Hidalgo. Es dicha multimillonaria trama de desvío de dinero público, y no las labores de la rama mediática de Latinus, lo que la puso en la mira de las autoridades.
Desde su lanzamiento, Latinus se ha caracterizado por la absoluta opacidad en torno a sus propietarios y al origen de su financiamiento. En 2021, una investigación periodística puso al descubierto que detrás del canal se encuentran personajes como Federico Madrazo Rojas, Alexis Nickin Gaxiola (hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, ex presidente del PRI y ex gobernador de Tabasco por la vía del fraude electoral), Patricia Olamendi (ex subsecretaria de Relaciones Exteriores con Vicente Fox), Miguel Alonso (hijo de la anterior) y Marco Antonio Estrada Castilleja (quien fue secretario privado de Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán).
Lejos de rectificar y transparentar sus finanzas, el medio y su locutor estrella se declararon (tal como ahora) víctimas de persecución política y denunciaron que las revelaciones eran un intento de acallarlos por incomodar al poder, pero fueron puestos en ridículo cuando el propio Roberto Madrazo admitió ante cámaras que su familia es fundadora y accionista de la empresa. Estos hechos bastan por sí mismos para mostrar hasta qué punto el medio y las no escasas plumas que lo defienden tienen como principales recursos de trabajo la mentira, la manipulación de las audiencias y la victimización hipócrita.
Corresponde a la opinión pública juzgar los méritos de Latinus como medio de comunicación y decidir si lo que hacen sus integrantes merece o no la etiqueta de periodismo, pero este juicio ciudadano es completamente independiente de la evidencia de que los dueños del consorcio perpetran, y sus caras visibles encubren, una gigantesca operación de lo que en lenguaje coloquial se llama lavado de dinero. Que sus recursos sean sustraídos al presupuesto de salud de las entidades federativas es un agravante insoslayable, puesto que el desfalco se hace a expensas de vidas humanas.
Una vez comprobado que la especie de una persecución de Estado contra Latinus es un montaje más de los que manchan el historial de su conductor estelar, es urgente establecer o deslindar conforme a derecho las responsabilidades debidas y cerrar el grifo al desvío de recursos públicos para fines que nada tienen que ver con las funciones de las instancias de salud.
