Esperanza García Luna impugnó el fallo de un juez federal que le negó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión, presentación, privación de la libertad y su ejecución librada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). El caso se turnó a un tribunal colegiado para que determine si confirma, modifica o revoca la determinación de primera instancia.

La hermana del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna, preso en Estados Unidos y acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, es señalada, junto con otros familiares, de llevar a cabo triangulaciones financieras con empresarios estadunidenses.

Por ello promovió un juicio de amparo en diciembre pasado ante el juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en Jalisco, donde reclamó la orden de aprehensión en su contra. El 7 de febrero de este año, el juzgador le concedió la suspensión provisional y fijó un pago de 2 mil 500 pesos como garantía para que surtiera efectos la medida cautelar.

Sin embargo, en marzo, el juez Agustín Archundia Ortiz le negó la suspensión, porque las autoridades de la Ciudad de México y Jalisco, a quienes se dirigió la demanda, negaron los actos reclamados, por lo que el impartidor de justicia anuló el juicio de amparo.

Argumentó que la quejosa no demostró lo contrario. Respecto a las negativas que hacen las autoridades responsables, en relación con los actos reclamados, no quedaron desvirtuadas por la parte quejosa, ya que no se ofrecieron pruebas aptas para tal efecto ni objetó los informes rendidos por las autoridades responsables; por tanto, es de establecerse que éstos surten sus efectos plenos; en virtud de ello, la quejosa estuvo obligada en todo caso a desvirtuar su contenido, señala el resolutivo del impartidor de justicia.

Esperanza García Luna fue encargada de la Policía Cibernética en el sexenio de Felipe Calderón. En la actualidad, Esperanza y la esposa de García Luna, Cristina Pereyra Gálvez, son investigadas por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de la detención del ex funcionario en Dallas a principios de diciembre de 2019 por agentes federales bajo órdenes giradas por la fiscalía federal en Nueva York por su presunta relación con el cártel de Sinaloa.

En mayo de 2023, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) obtuvo órdenes de aprehensión contra 61 integrantes de la presunta red de corrupción dirigida por el ex secretario de Seguridad, que involucran a cinco familiares del ex funcionario y a sus socios en cuatro empresas.