Toluca, Méx., Los coordinadores parlamentarios de Morena: Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, en el Senado, aseguraron que no serán vulnerados los derechos de los trabajadores del Poder Judicial con la reforma que se discute y se pretende aprobar en las próximas semanas; eso sí, advirtieron que estas modificaciones legales sí desaparecerán los fideicomisos existentes en ese poder y que se encuentran fuera de la ley y se pondrá fin a los privilegios de los que goza la alta burocracia.

Ayer, Mier expresó que el tema de la elección popular de ministros, magistrados y jueces sigue en estudio, mientras Monreal reveló que el costo que tendrá la elección popular de jueces, magistrados y ministros sería de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos, los cuales podrían ser solventados con parte de los 23 mil millones de pesos de los Fideicomisos del Poder Judicial que serán extinguidos y cuyos recursos serán enviados a la hacienda pública.

Pese a que dos de esos fideicomisos tienen aportaciones de los servidores públicos del Poder Judicial, Monreal aclaró que se va a garantizar que anualmente haya recursos suficientes para solventar el pago de pensiones y otras prestaciones a los empleados, pues sus derechos serán respetados en su totalidad.

Asimismo, el senador indicó que se pondrá fin a la serie de privilegios que tiene la alta burocracia judicial, en especial los ministros de la Corte y advirtió que ya no se permitirá que haya pensiones complementarias ni haberes de retiro, que representan erogaciones millonarias anuales.

Detalló que en la actualidad, los ministros al retirarse, reciben, durante dos años, el cien por ciento de su salario mensual, es decir, 300 mil pesos, y a partir de su tercer año de retiro, sólo 80 por ciento y mantienen este porcentaje hasta su muerte.

Adicionalmente se les otorga un aguinaldo de más de 568 mil pesos y un pago por riesgo anual de 642 mil pesos, además de una percepción de 95 mil pesos por concepto de prima vacacional. También acceden a un seguro de vida por 12 millones de pesos para el ministro y su cónyuge, y un pago por defunción de un millón 189 mil pesos.

Además, tienen derecho a contar con 10 personas de apoyo, (dos choferes, tres técnicos y cinco elementos de seguridad) cuyos salarios cubre el Poder Judicial.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi, planteó que no se puede hablar de austeridad cuando lo que se requiere son presupuestos irreductibles para hacer frente a las carencias que tienen los tribunales locales donde, declaró, existe un alto déficit de personal.