Ante las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con las que han condenado al Estado mexicano por la violación de derechos que vincula con la prisión preventiva oficiosa, en el Congreso de la Unión se presentaron, durante los últimos tres años, 23 iniciativas de reforma Constitucional que proponen eliminar esta medida cautelar, se indica en un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Al mismo tiempo, en la actual legislatura se presentaron 33 iniciativas que, de acuerdo con este instituto, no están en sintonía con las sentencias de la CIDH, ya que con algunas se proponen ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa para delitos como el secuestro, la defraudación fiscal y la deforestación.

De acuerdo con el estudio titulado Adecuación del ordenamiento jurídico respecto de la figura de Prisión Preventiva Oficiosa en la Carta Magna y en leyes secundarias: una asignatura pendiente, de la investigadora del IBD, Carla Angélica Gómez, la adecuación del marco jurídico nacional en esta materia es un tema pendiente que urge resolver, tanto para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, como de las víctimas de los delitos.

El órgano dependiente del Senado, apuntó que, hasta 2021, había 220.5 mil personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de las cuales 61 mil 328, es decir, 29.6 por ciento, no contaba con una sentencia, se indica en el estudio, al citar los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol).