De diciembre de 2018 a mayo de 2024, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) 30 expedientes de servidores públicos, pues detectó presuntos delitos al investigar su evolución patrimonial.

De acuerdo con el coordinador general de Combate a la Impunidad de la SFP, Efraín Álvarez Caborno, la dependencia ha concluido 495 investigaciones en materia de evolución patrimonial en lo que va del sexenio.

De ellas, 244 derivaron en algún procedimiento administrativo, 30 fueron enviadas a la FGR, 55 se remitieron a los órganos internos de control correspondientes y 166 se archivaron por falta de elementos o improcedencia, de acuerdo con información presentada esta semana por el funcionario en foros organizados a propósito del Día de Naciones Unidas para la Administración Pública, que se conmemora el 23 de junio.

Por otra parte, a raíz de los resultados arrojados por el Sistema Integral de Evolución Patrimonial (SIEP), que revisa de manera automatizada las declaraciones que presentan cada año casi millón y medio de funcionarios públicos, la SFP ha iniciado 180 investigaciones.

Álvarez Caborno indicó que en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 fueron seleccionados con el SIEP 2 mil 479 servidores públicos a fin de llevar a cabo la conciliación automatizada de sus declaraciones. Se encontró que mil 601 de estos reportes tenían congruencia, 878 fueron revisados a detalle y en 194 no se detectaron anomalías, mientras en 184 se inició una investigación y otros 500 más continúan en etapa de conciliación.

El funcionario reportó además que en lo que va de este gobierno, la SFP ha impuesto 15 mil sanciones administrativas a 12 mil 229 servidores públicos, con penalidades económicas que suman 10 mil 108 millones de pesos.

Añadió que la SFP ha recibido 5 mil 311 expedientes por presuntas faltas administrativas graves, de los cuales se han enviado 2 mil 647 al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Presentó datos que indican que en materia de contrataciones públicas se sancionó en el mismo periodo a 968 licitantes, proveedores y contratistas mediante la imposición de mil 165 castigos y multas por 4.6 millones de pesos.