Colectivos y organizaciones no gubernamentales denunciaron que las amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias de las autoridades contra las comunidades y los pueblos originarios no cesan.

En conferencia, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas (Frayba), y del Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas exigieron la libertad inmediata e incondicional de su compañero zapatista José Díaz, indígena chol detenido hace un año y siete meses; de los cinco defensores del territorio del municipio de San Juan Cancuc en Chiapas, y de la guardiana de los bosques María Cruz Paz Zamora, en Michoacán.

También participaron representantes de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, quienes acusaron los ataques y la represión a pueblos en resistencia contra el basurero de Cholula, Puebla, así como de la comunidad otomí residente de la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, quienes se quejaron de la persecución a activistas.

Además, denunciaron que les cortaron la energía eléctrica y el suministro de agua potable en el espacio que ocupan, ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la colonia Xoco de la Ciudad de México.

Fabrican culpables

Pedro Faro, del Frayba, señaló que en Chiapas desde 2016 se implementó el sistema penal acusatorio y en todo este periodo, dijo, han documentado un patrón de fabricación de culpables.

Detalló que con montajes y tortura inventan delitos a personas (jóvenes, indígenas, personas defensoras), con el fin de aparentar gobernabilidad y buen funcionamiento de las instancias de procuración e impartición de justicia.

Manifestó que la fabricación de culpables como patrón de inculpación y detención arbitraria de personas inocentes puede presentarse de manera aislada, pero también es utilizada como forma de represión, al criminalizar a defensores de derechos humanos.

Faro recordó que José Díaz Gómez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, indígena chol y campesino de 45 años, está secuestrado desde el 25 de noviembre de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 17 El Bambú, en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia.

El Estado mexicano no ha tomado las medidas adecuadas para garantizar que siempre cuente con traductores e intérpretes de su lengua materna. La falta de acceso a un traductor constituye una grave violación a sus derechos humanos. El hecho de que no se le haya proporcionado un intérprete durante el proceso penal no sólo contraviene las normas internacionales de derechos humanos, sino también impide su capacidad para entender adecuadamente las acusaciones en su contra y para participar de manera efectiva en su propia defensa.

Los colectivos demandaron categóricamente la clausura definitiva del basurero de Cholula, la entrega de vivienda justa a la comunidad otomí que hoy habita en la Casa de los Pueblos Samir Flores y la reconexión de electricidad en esas instalaciones.

Asimismo, exigieron la libertad inmediata e incondicional de José Díaz; de los cinco defensores del territorio del municipio de San Juan Cancuc en Chiapas: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, así como de la guardiana de los bosques María Cruz Paz Zamora, en Michoacán.