Bogotá. El presidente Gustavo Petro negó ayer tajantemente que su gobierno realice labores de espionaje, seguimientos o escuchas telefónicas a opositores, periodistas o magistrados de los altos tribunales, tal como aseguran integrantes de la Corte Constitucional, quienes pidieron a la Fiscalía General investigar sus denuncias.

Ante la sala plena del máximo estrado de justicia, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, fue informada la semana pasada de las preocupaciones de miembros de esa corporación en torno a una posible persecución por parte de organismos de inteligencia estatal.

El presidente de la corte, José Fernando Reyes, entregó a Camargo una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que asegura que él y su esposa son víctimas de operaciones de órganos de inteligencia oficial, por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia.

Ibáñez afirma que desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos, al igual que las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho.

El togado sostuvo que no descarta que “esa misma actuación se pueda estar dando en el entorno profesional y familiar de otros de sus colegas, y sostuvo que funcionarios de monitoreo y analítica, adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la presidencia de la república, han hecho seguimiento con fines de perfilamiento a mi esposa.

Magnificado por algunos medios locales, el tema de las posibles escuchas despertó fantasmas de épocas nada remotas en las que los gobiernos de Iván Duque y Álvaro Uribe apelaron a la intimidación de sus críticos mediante prácticas gansteriles que terminaron conociéndose en detalle.

Cronistas locales han recordado el bochornoso episodio ocurrido durante el segundo gobierno de Uribe (2006-2010), cuando organismos de inteligencia llenaron de micrófonos la sala plena de la Corte Suprema de Justicia utilizando a una mujer que servía el café en el solemne lugar, donde los magistrados evaluaban pruebas sobre la penetración del paramilitarismo en la política.

Este gobierno no hace lo que sí perpetraron otros en el pasado, escribió ayer Petro en su cuenta de X, subrayando que la inteligencia del Estado se enfoca a perseguir al gran crimen.

Agregó el mandatario que desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, la prensa o las cortes.

Tras las denuncias de espionaje, el balón –dicen analistas– ha quedado en la cancha de la fiscal Camargo, quien calificó de graves los señalamientos contra el gobierno, por lo que ofreció una investigación rápida y de manera contundente.

Nombrada hace un par de meses por la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por Petro, Camargo enfrenta su primer gran reto en el cargo, luego de haber sido acusada por partidos tradicionales y voceros de la extrema derecha de ser fiscal de bolsillo de Petro.

Nuevo intento de paz

En Caracas, en tanto, las delegaciones del gobierno y de las guerrillas Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, comenzaron ayer diálogos formales de paz en medio de airadas críticas de las fuerzas tradicionales, que consideran inaceptable una negociación con estructuras armadas que firmaron los acuerdos de paz de 2016, pero luego regresaron a las armas al considerar que el Estado había incumplido lo pactado.

Expertos en el tema consideran que esta negociación, tercera que mantiene el gobierno, se centrará en conseguir la implementación de los acuerdos de 2016, en especial en los temas de reforma agraria y sustitución de cultivos ilícitos.

La piedra en el zapato, no obstante, parece ser la situación jurídica de Márquez y otros comandantes rebeldes que suscribieron el pacto de La Habana y se acogieron a la justicia transicional derivada de ese plan para pacificar Colombia.