Las instancias gubernamentales que promueven la igualdad de género, independientemente de su rango en la administración pública, deben tener presupuestos suficientes para cumplir con sus misiones, tener objetivos claros y actuar con perspectiva de derechos humanos, indicó Camila Rivapalacio, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ante la posibilidad de que en el próximo sexenio se cree una secretaría de las mujeres.

La abogada expresó lo importante es que logre la igualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, eso no se conseguirá sin los recursos necesarios y se tendrá una dependencia que no podrá operativizar.

En la presentación del libro Paso a paso; decisiones emblemáticas sobre salud reproductiva, consideró que es muy poderoso y emblemático que la titular del Ejecutivo sea una mujer, sobre todo si se tiene en cuenta que hace varias décadas ni siquiera podíamos votar; esto quiere decir que la lucha para que las mujeres estén en los espacios públicos sí ha funcionado.

Sobre el aborto, sostuvo que, derivado de las elecciones del 2 de junio, también podrían darse avances en esa materia con los nuevos congresos en diversas entidades y recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra la criminalización de esa práctica.

Si bien hay separación de poderes, también entre poderes deben escucharse; si ya la Corte dijo que es inconstitucional, los congresos de cada estado tienen que empezar a despenalizar el aborto, es decir a sacarlo de los códigos penales locales. Explicó que la estrategia jurídica del GIRE consiste en la presentación de amparos para obligue a los legislativos de cada entidad a cumplir con la derogación del aborto en sus códigos penales. Si no se logra por vía legislativa, será a través de la presentación de amparos, afirmó.

Las resoluciones que tenemos son precedentes judiciales. La de Coahuila fue la primera sentencia que estableció que criminalizar el aborto de manera absoluta era inconstitucional; al ser precedente, la resolución es de carácter obligatorio para todas las personas juzgadoras. Por ello a todos los jueces que les llegue una decisión que implique decidir sobre el tema deben decidir conforme a la Corte y decir que es inconstitucional.

Al tratar el tema de la reforma judicial, descartó algún tipo de retrocesos en el rubro.