Christian Téin permanecerá en prisión en Francia para enfrentar al menos cuatro cargos penales
Domingo 23 de junio de 2024, p. 23
Madrid. El líder independentista canaco Christian Téin fue imputado ayer por alentar a los disturbios de mayo en el territorio francés de ultramar, Nueva Caledonia, en Oceanía, registrados durante las movilizaciones contra la concesión del voto a ciudadanos franceses en las elecciones locales, que dejaron nueve muertos.
Téin, líder de la llamada Célula de Coordinación de Acciones sobre el Terreno (CCAT), fue enviado a prisión preventiva tras comparecer ante un tribunal de Numea, la capital, en compañía de otras 10 personas sospechosas de provocar los disturbios.
Concretamente, Téin terminó imputado por asociación delictiva, participación en un grupo formado con miras a cometer daño o violencia intencional; robo organizado, destrucción de bienes y complicidad por instigación o provisión de medios en los delitos de asesinato o tentativa de homicidio de policías, de acuerdo con información del portal de noticias La Voix du Callou.
El conflicto estalló el pasado 13 de mayo tras el debate en el Parlamento francés sobre una reforma electoral que concede el voto a los ciudadanos franceses.
El texto propone el derecho a sufragio para franceses que cuenten con una residencia de al menos 10 años en el territorio, y se aprobó en un primer momento por la Asamblea Nacional, pero el presidente del país, Emmanuel Macron, aplazó su ratificación para no forzar
la crisis. La reforma electoral pretende reducir en un mes el peso político de los indígenas canacos, que son alrededor de 40 por ciento de la población,
Los canacos, y en especial la alianza independentista del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista, denunciaron la propuesta como un golpe a sus aspiraciones en un momento especialmente crítico de las relaciones con Francia, después de que la alianza boicoteara el último referéndum de independencia de 2021, que se saldó con victoria de los unionistas.
La revuelta obligó a Francia a declarar el estado de emergencia en el archipiélago de 260 mil habitantes y llevar con premura refuerzos policiales para unas fuerzas de seguridad locales que se vieron rápidamente sobrepasadas en medio de destrucción generalizada de comercios, negocios y viviendas.