La comunidad de Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, notificó al Congreso de la Ciudad de México la determinación de su asamblea de adscribirse como pueblo originario con una autoridad representativa denominada concejo del pueblo.

Anunciaron también acciones en defensa de sus derechos –en particular por la incesante actividad de inmobiliarias– como una moratoria urbana, hasta que entre en vigor un programa de ordenamiento territorial avalado por sus habitantes.

La medida consiste en la prohibición, suspensión y nulidad de toda autorización de construcción, cambio de uso de suelo, creación de polígonos de actuación, introducción de comercios de alto impacto, trasferencia de potencialidad, fusión de predios, cimentaciones y perforaciones y modificaciones estructurales a avenidas y calles, tanto a nivel de suelo como en subsuelo y espacio aéreo.

Sustentan lo anterior, explicaron, con base en la fracción segunda, apartado a del artículo 2 constitucional sobre el derecho de aplicar sistemas normativos propios en la regulación y solución de conflictos internos, así como en los numerales 1, 2 y 8, apartado b de la Constitución capitalina, relativos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y sus facultades.

En su diagnóstico admiten un debilitamiento en la estructura social, política y cultural de la comunidad, atribuida a un agresivo e intenso desarrollo urbano, sumado a la ausencia de políticas públicas para la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la ciudad, sobre todo a partir de mediados del siglo pasado, en que los gobiernos autorizaron la construcción de grandes proyectos y desarrollos comerciales, culturales e inmobiliarios en sus territorios.

El desarrollo ha modificado la arquitectura y vida tradicional del pueblo, tanto en sus casas, espacios sagrados y ceremoniales, como calles, espacios públicos y comercios tradicionales y ha generado condiciones de marginación y gentrificación ante el alto poder adquisitivo de los nuevos residentes.

El concejo, señalan, debe gestionar y crear vivienda social para las familias troncales, entre otros aspectos.