A más tardar 60 días después de concluir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, él y todo su gabinete deberán presentar una última declaración de bienes, que será inscrita en el sistema de evolución patrimonial de la plataforma digital nacional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y considerada para las revisiones aleatorias que practica la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el fin de prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Por ley, todos los funcionarios están obligados a presentar una declaración patrimonial y de intereses cuando empiezan sus encargos, luego una actualización de la misma cada año, en mayo. Al término de sus encomiendas, deben hacer la de conclusión.

En la declaración inicial y de conclusión de cargo se manifiestan los bienes inmuebles propiedad del funcionario, con la fecha y valor de adquisición. En las declaraciones de modificación patrimonial se consignan sólo los cambios, con fecha y valor de compra. La final deberá presentarse 60 días luego de haber dejado el puesto o de lo contrario se iniciará una investigación, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La misma norma indica que los declarantes están obligados a proporcionar a las secretarías y Órganos Internos de Control la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges y dependientes económicos directos.

La SFP informó que, al 31 de mayo, un millón 450 mil servidores públicos federales, 97 por ciento del total, presentaron su declaración patrimonial 2024, incluyendo al Presidente y su gabinete. El número de empleados y funcionarios estatales que lo hicieron en el plazo legal es la cifra más alta desde que en 2020 se estableció este requisito para los empleados del gobierno.

Esta semana, el SNA declaró la puesta en funciones del sistema de evolución patrimonial, que condensará de manera estandarizada las declaraciones de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno de todo el país para facilitar su consulta y la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito.

La SFP publicó las reglas para revisiones aleatorias que desde 2021 aplica por ley.