El creciente déficit fiscal y la debilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) son los mayores retos fiscales que enfrentará la próxima administración, coincidieron las tres principales calificadoras de riesgo, Standard & Poor’s (S&P), Fitch Ratings y Moody’s.

Todas destacaron que luego de la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum y Morena, estarán al pendiente de la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado, pues ello aceleraría la aprobación de las reformas constitucionales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado y las que plantee la próxima administración.

Para S&P, Sheinbaum deberá impulsar consistentemente el crecimiento económico y al mismo tiempo dar continuidad a las políticas fiscales, monetarias y comerciales para absorber posibles impactos externos en los próximos años, además de crear empleos mejor remunerados para aprovechar su bono demográfico.

Sin embargo, si bien el desempleo es bajo en México, la productividad de los trabajadores, en promedio, también lo es, lo que limita la capacidad del país para prosperar, asentó S&P en un reporte a inversionistas.

Recibe una economía estable: Fitch Ratings

Fitch consideró que el gobierno entrante recibe una economía estable con un marco de política macroeconómica positivo para la calificación crediticia. La difícil situación fiscal heredada a la administración entrante se debe a una combinación de aumento del gasto social, mayores costos de endeudamiento y elevadas inversiones debido a la finalización de proyectos de infraestructura prioritarios de la administración saliente, refirió en un informe a sus clientes.

Apuntó que el apoyo continuo que el gobierno ha dado a Petróleos Mexicanos sigue siendo un desafío adicional para el país, pues la deuda de la empresa equivale a casi 6 por ciento del producto interno bruto y es considerado un pasivo contingente importante.

A su vez, el reporte de Moody’s destacó la importancia de que el gobierno de Sheinbaum demuestre voluntad para adoptar medidas que mantengan el déficit público en niveles de 2 a 3 por ciento del PIB, algo que, a su parecer, será difícil de lograr.

Añadió que el manejo de la seguridad pública en el país será crucial, pues el crimen organizado representa un desafío importante para el funcionamiento de las instituciones y la actividad económica, con posibles implicaciones para las perspectivas de crecimiento.