La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) desplegará a partir de este lunes y hasta el 3 de junio a agentes del Ministerio Público Federal (MPF) en los 32 estados del país para atender denuncias que los ciudadanos presenten con motivo de la jornada comicial en la que podrán votar más de 98 millones de mexicanos.

El 2 de junio estarán en juego 20 mil 708 cargos públicos, 629 corresponden al orden federal, entre los cuales se encuentra la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Es por eso que podemos clasificar esta elección como una de las más grandes y complejas de nuestro país, y en ese contexto la Fisel juega un papel fundamental para procurar elecciones libres, limpias y justas, afirmó su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, ante el personal que tendrá presencia en los estados.

Comentó que la institución cuenta con la capacidad operativa para atender las incidencias relacionadas con delitos electorales, ya que es apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional, que tiene a su cargo a las 32 delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Señaló que el despliegue ministerial forma parte del trabajo previo que se desarrolló en coordinación con la FGR con el propósito de contar con personal calificado, por lo que más de 7 mil funcionarios públicos (agentes del Ministerio Público, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas) profundizaron sus conocimientos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Además de atender las denuncias en las entidades, Ortiz Pinchetti detalló que el personal de la Fisel tendrá entre sus tareas realizar acciones de blindaje electoral, es decir, participar en el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del gobierno federal, así como continuar en las mesas de seguridad y paz locales.

Exhortó a la población a denunciar los delitos electorales a través de los Sistemas de Atención Ciudadana: Fisenet (www.fisenet.fgr.org.mx) y Fisetel (800 833 7233).

La Fisel recordó que entre los hechos ilícitos están la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el de programas sociales federales con fines político-electorales y hacer proselitismo el día de la jornada.

Otras conductas sancionables son la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de las casillas, introducir o sustraer urnas o boletas, modificar o alterar documentos oficiales y el acarreo de votantes el día de los comicios que influyan en la intención del sufragio.