Después de un descontrol en los subsidios otorgados a observadores en la década reciente, el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó que la Unidad Técnica de Fiscalización revise el gasto de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior que recibirán hasta 300 mil y 430 mil pesos, respectivamente, por hacer este trabajo de vigilancia en torno al voto del 2 de junio.

En el primer caso están 39 grupos, principalmente de defensores de derechos humanos, cuyo proyecto se inscribe fundamentalmente en observar el voto en favor de los grupos históricamente discriminados, sufragio en prisión y en el extranjero, y alternativas para el voto electrónico o para elevar la participación ciudadana, entre otros.

En cuanto a las instituciones de educación superior hay seis: Universidad Autónoma de Chiapas, con el proyecto violencia política en razón de género en la región sur; El Colegio de México participa en uno sobre este mismo tema y otro como parte del monitoreo de violencia contra candidatos; el cuarto es del Tecnológico de Monterrey, como parte de una encuesta para indagar los nuevos usos de los medios distritales y analizar la calidad de participación política de comunidades específicas, así como otro sobre representación parlamentaria.

El sexto es de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, titulado Integridad, violencia y polarización en las elecciones subnacionales mexicanas de 2024.

En la observación también participarán personas en lo individual; al concluir el plazo, el pasado 7 de mayo, el INE recibió 34 mil 462 solicitudes, de las que 30 mil 270 son individuales y 4 mil 192 de alguna organización.