Legisladores de Morena y PT en la Comisión Permanente demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación exhaustiva no sólo en contra de María Amparo Casar, sino de los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que avalaron documentos alterados que le permitieron obtener, de forma ilegal, una pensión de viudez vitalicia de más de 120 mil pesos mensuales, que no le correspondía y recibe desde hace casi 20 años.

La diputada del PT Lilia Aguilar Gil presentó la propuesta, que fue avalada por legisladores morenistas, en la que se señala que el quebranto a Pemex es por más de 30 millones de pesos, y además del juicio que se sigue a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se deben fincar sanciones penales y administrativas a quienes estaban al frente de la empresa petrolera, entre ellos, a su entonces director, Luis Ramírez Corzo.

En el documento se hace notar que del expediente dado a conocer por la empresa petrolera recientemente se desprende que se alteraron las actas del fallecimiento, en 2004, de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, a fin de hacer pasar su muerte como accidente de trabajo, aunque en realidad se trató de un suicidio.

Esto, con la finalidad de obtener un beneficio a favor de María Amparo Casar, quien en entonces era jefa de asesores del secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda.

Los trámites para otorgarle la pensión se hicieron de forma acelerada y un mes después del fallecimiento de Márquez Padilla, la viuda recibió el primer pago, sin que los funcionarios de la petrolera encargados del caso esperaran el cierre de la carpeta de investigación que llevaba a cabo la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.

Causa de fallecimiento

La resolución de la autoridad fiscal hasta febrero de 2005, concluye que la causa de la muerte fue suicidio y no un accidente laboral como indebidamente fue señalado al otorgar la pensión.

Se debe aclarar también, señalan los legisladores, el monto otorgado como pensión, ya que Márquez Padilla tenía sólo cuatro meses de laborar en Pemex. Haber dado un pago vitalicio por concepto de jubilación, basándose en hechos distintos a la realidad, constituye un mal uso de recursos públicos, causando así un daño patrimonial a la empresa paraestatal Pemex.

El senador de Morena José Narro coincidió con la diputada Aguilar Gil en que la Comisión Permanente debe pedir a la Fiscalía General de la República que se investigue a todos los funcionarios implicados en ese presunto fraude y se finquen responsabilidades penales y administrativas.