Un tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional que un juez concedió a la organización Educación con Rumbo, que ordenaba a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) realizar la prueba estandarizada de la Dirección de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), PISA.

Esta prueba evalúa los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias por medio de pruebas estandarizadas de opción múltiple con las que se busca conocer qué tan bien los alumnos pueden resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva.

Por unanimidad, los magistrados Víctor Hugo Velázquez Rosas, David García Sarubbi y Rosa González Valdés dejaron sin efecto la medida cautelar que la semana pasada otorgó la jueza Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, titular del juzgado decimotercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, a favor de la organización no gubernamental.

En sesión extraordinaria efectuada este lunes vía remota, los magistrados determinaron que hay algunas consideraciones en las que se establece que la aplicación de la prueba PISA no está dentro de un parámetro constitucional ni de derechos humanos que puedan ser protegidos mediante amparo.

“Se califican como fundados los agravios a través de los cuales las autoridades aducen que con la concesión se estarían dando efectos constitutivos. En el proyecto se dice que la prueba PISA es un instrumento de medición, cuya adopción en este momento no es posible definir si forma parte del parámetro de control constitucional, sino, en todo caso, se observa que es un instrumento de política pública que, si bien pudiera ser benéfico, no se niega para el derecho a la educación, su utilización se ubica en el ámbito de las políticas públicas y no del contenido de obligaciones constitucionalmente exigibles.

Esto será materia de estudio de fondo a la luz del análisis minucioso que se haga tanto de los instrumentos por los cuales el Estado mexicano se adhiere a la OCDE para lo que hace en específico a esta prueba PISA, eventualmente este colegiado no podría pronunciarse desde ahorita ni prejuzgar sobre esa cuestión que eventualmente en libertad de jurisdicción se tendrá que realizar, señaló el magistrado presidente del tribunal, David García Sarubbi.

Educación con Rumbo promovió el juicio de amparo a finales de abril contra la negativa de las autoridades federales a que México sea evaluado por organismos especializados a través de métricas internacionales.

En tanto, la jueza Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez agendó la audiencia incidental para el 27 de mayo, cuando determinará si concede la suspensión definitiva.