Londres. Las autoridades británicas y el servicio de salud del país expusieron a sabiendas a decenas de miles de pacientes a infecciones mortales por medio de sangre o productos afines contaminados, y encubrió el hecho durante décadas, halló una investigación divulgada ayer.

No fue un accidente, sino responsabilidad de los médicos y de una sucesión de gobiernos que provocó 3 mil muertes y miles de personas más que contrajeron hepatitis o VIH, se establece en la investigación dirigida por el ex juez Brian Langstaff, quien afirmó que más de 30 mil personas recibieron sangre y productos sanguíneos infectados en las décadas de 1970 y 1980 del Servicio Nacional de Salud británico, financiado por el Estado, lo que destruyó vidas, sueños y familias.

Langstaff criticó a gobiernos sucesivos y a profesionales de la medicina por un catálogo de fracasos y por negarse a aceptar responsabilidad con el fin de proteger sus reputaciones o ahorrarse dinero. Encontró que hubo intentos deliberados para ocultar el escándalo y evidencias de que funcionarios del gobierno destruyeron documentos.

Las infecciones ocurrieron porque quienes estaban en posición de autoridad no dieron prioridad al paciente, declaró.

Apariencias y gastos

El gobierno ocultó la verdad para salvar las apariencias y ahorrar gastos, afirmó, y aseveró que el encubrimiento fue más sutil, más penetrante y más escalofriante en sus implicaciones que cualquier trama conspirativa orquestada.

Por décadas, activistas exigían rendición de cuentas y compensación. La pesquisa fue aprobada en 2017, y en los últimos cuatro años examinó evidencias de más de 5 mil testigos y más de 100 mil documentos.

Muchos afectados tenían hemofilia, condición que afecta la capacidad de la sangre de coagularse. En los 70, los pacientes recibieron un nuevo tratamiento que Reino Unido había importado de Estados Unidos. Parte del plasma usado para crear los productos fue rastreado a donantes de alto riesgo, incluyendo prisioneros que recibieron dinero a cambio de muestras de sangre.

El primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, pidió perdón, pocas horas después durante una intervención en el Parlamento, por la actuación de los gobiernos conservadores en este escándalo.

La oposición laborista reconoció la implicación de todos los partidos y exigió al gobierno adoptar medidas.