Santiago. Los recientes decesos de un joven que hacía voluntariamente el servicio militar y de una alumna aspirante a guardia carcelaria, por haber sido expuestos sin protección y/o por estar enfermos a malas condiciones climáticas, desató una controversia en Chile sobre el maltrato que pudieran sufrir reclutas en organizaciones castrenses o uniformadas.

A raíz de esas muertes, sobre las cuales se iniciaron indagatorias judiciales, parlamentarios derechistas intentan restablecer que la justicia militar opere cuando miembros de las fuerzas armadas y de la policía figuran como responsables de delitos contra civiles.

Una propuesta fue incorporada en el proyecto de ley Reglas de Uso de la Fuerza, que se discute para permitir y regular la participación de efectivos militares en tareas de seguridad pública, delincuencia y contra el crimen organizado.

El presidente Gabriel Boric descartó su apoyo, pues en materia de competencia civil, durante mi gobierno no se van a restablecer los tribunales militares, porque sólo funcionan para tiempos de guerra y en casos específicos.

La propuesta trajo la memoria a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando dichos tribunales fueron usados indiscriminadamente y perjudicaron las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, sin que hubiera sentencias contra agentes del Estado.

El abogado Nelson Caucoto, quien tuvo a su cargo casos emblemáticos, mencionó dos causas que ejemplifican por qué una indagatoria de derechos humanos nunca puede ser entregada a tribunales militares.

Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri fueron quemados vivos por una patrulla del ejército en 1986, que trató de culpar a los jóvenes de prenderse fuego al manipular un recipiente con gasolina. Casi 40 años después, en enero pasado, la justicia civil condenó a 11 uniformados en retiro por homicidio calificado o complicidad.

Otro caso fue operación Albania, en el que la justicia militar sobreseyó a agentes del Estado que asesinaron a 12 jóvenes en junio de 1987, caso que pudo establecer responsabilidades y sentencias efectivas cuando pasó a la justicia civil.

El pasado 27 de abril, Franco Vargas, de 19 años, perdió la vida cuando, junto a decenas de otros conscriptos, era sometido por superiores a una marcha por el desierto norteño, a más de cuatro mil metros de altura, sin vestimenta para temperaturas extremas.

Esa práctica concluyó con otros 45 jóvenes necesitados de asistencia médico-hospitalaria, tres enfermos de gravedad y uno con una mano amputada por el congelamiento.

Las informaciones iniciales entregadas por el ejército generaron dudas sobre la transparencia e imparcialidad. Romy Vargas, madre del conscripto fallecido, exige que la Fiscalía Militar no participe en la investigación por no confiar en ella.

Los responsables del cuartel aseguraron que el joven fue llevado con vida a un centro de atención hospitalaria, pero el nosocomio negó la versión y confirmó que ya había muerto cuando lo recibieron.