Lima. La pequeña oposición legislativa de Perú anunció ayer que presentó ante el Parlamento un nuevo pedido para destituir a la presidenta Dina Boluarte por su presunta incapacidad moral.

En su año y medio de gobierno Boluarte ha sobrevivido a cuatro pedidos de remoción que no han alcanzado los 87 votos necesarios porque pese a que no tiene bancada legislativa es protegida por una coalición de grupos conservadores que han bloqueado los intentos previos.

La legisladora Susel Paredes indicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que presentaron el pedido de destitución por los graves nuevos actos cometidos que son incompatibles con seguir dirigiendo el país. El viernes la presidenta sumó otra investigación fiscal porque su gobierno desmanteló un grupo policial que apoya a fiscales que investigan a miembros de su entorno.

Boluarte ya tiene investigaciones por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito tras usar relojes de lujo marca Rolex y joyas que no declaró en su lista de bienes, una obligación de todos los funcionarios. También está denunciada ante el Parlamento por homicidio y lesiones graves tras las muertes de decenas de manifestantes que exigían su renuncia cuando apenas inició su gobierno en diciembre de 2022.

Los legisladores lograron recolectar 28 firmas con las que ingresaron de manera formal el pedido al Parlamento. Según el trámite legislativo, luego se necesitan 52 votos para que la presidenta sea invitada a defenderse o para que envíe a su abogado y después se requieren 87 votos para destituirla.

La mandataria no ha hecho declaraciones a la prensa en más de un mes y sus escasas apariciones públicas fueron en eventos dentro de recintos cerrados.

En enero, durante una rara aparición de la mandataria frente a la población, la madre y la viuda de dos asesinados en las protestas antigubernamentales de 2022 burlaron a los guardaespaldas de Boluarte y le jalaron el cabello repetidas veces en una región de los Andes.

La presidenta tiene apenas 7 por ciento de aprobación y 88 por ciento de impopularidad, según una encuesta de abril de la firma Datum Internacional. El sondeo se realizó a una muestra de mil 209 peruanos entre el 5 y 8 de abril.

Por otra parte, Boluarte designó al abogado Juan Santiváñez Antúnez como nuevo ministro del Interior, poco después de que renunció a ese cargo Walter Ortiz, quien junto a la mandataria es investigado por la fiscalía por presunto encubrimiento.

Durante un breve acto protocolar en el palacio de gobierno, en el centro de Lima, Santiváñez Antúnez, quien se desempeñaba como viceministro de Orden Interno desde el pasado 18 de abril, juró al cargo por Dios, por la patria y por la familia policial.

Absuelven a militar

La justicia absolvió a un militar del ejército a quien la fiscalía acusó de ser el coautor mediato en 1984 del homicidio agravado con alevosía de al menos 92 peruanos, incluidos mujeres y niños, en los Andes, a quienes se les obligó a cavar una fosa en el patio de una escuela.

Una sala penal de Perú, presidida por la jueza Miluska Cano, indicó que no hay certeza de que una compañía del ejército llamada Los Linces y dirigida por el general retirado Luis Grados haya participado en los asesinatos de hace 40 años, aunque sí responsabilizó a miembros de esa institución militar de la matanza.

La matanza en la localidad rural de Putis, a unos 300 kilómetros el sureste de Lima, no se conoció hasta 2001 por un reporte periodístico revelado en el diario local La República.

La fiscalía, que había solicitado 25 años de cárcel para Grados, anunció que presentará un recurso de nulidad por no estar de acuerdo con la decisión de absolución ante las pruebas presentadas.

La Ap no pudo comunicarse con la defensa de Luis Grados, quien desde el inicio del proceso siempre negó todos los cargos.