La Cámara de Diputados no cumplió el compromiso con los asesores legislativos, a quienes se obligará a renunciar a más tardar el 31 de mayo, para poder pagarles una gratificación equivalente a tres meses de salario por el fin de la 65 Legislatura.

Un grupo de asesores se reunió por separado con el coordinador administrativo de Morena, Miguel García Hernández, y con la secretaria general de la cámara, Graciela Báez, donde se les explicó el mecanismo para el despido y los pagos.

Los trabajadores relataron que García Hernández les presentó dos opciones para terminar sus contratos por honorarios con Morena: la renuncia en mayo con la gratificación o mantener el empleo hasta agosto, pero sin ella.

El coordinador de la bancada, Ignacio Mier, había comprometido mantener sus trabajos y darles la gratificación. No obstante, el administrativo del grupo les explicó que, si renuncian el 31 de mayo, se les pagarían tres meses de salario, 20 días de salario bruto por año, así como la parte proporcional del aguinaldo.

Ante las preguntas de los trabajadores, el directivo les respondió que la instrucción fue por un acuerdo de la secretaría general de la cámara y que, si aceptan irse, se les pagaría a partir del 15 de julio, pero en orden de prelación; esto es, conforme a la fecha en que firmen sus cartas de renuncia, que ya se les entregó oficina por oficina.

Incluso les aclaró que la gratificación no es un derecho laboral y que la cámara no está obligada a otorgarla y expresó que a nadie se obligará a renunciar, pero que la firma se les pide para apoyarlos a que terminen su relación laboral de la mejor manera.

La conclusión de los trabajadores es que la jugarreta es responsabilidad de los coordinadores de los grupos parlamentarios.