Es una lástima que se considere que es un derecho de ministras y ministros decidir si escuchan a las personas y comunidades interesadas, y no aceptar que éstas tienen derecho a ser escuchadas, señaló Lenia Batres Guadarrama.

Durante la sesión privada del lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó las solicitudes de grupos indígenas, organizaciones civiles y ciudadanos para la realización de audiencias públicas y que los ministros escuchen los argumentos de la sociedad respecto de la ley minera y violencia vicaria, confirmó la ministra.

Indicó que según el Acuerdo General 2/2008 aprobado por el propio pleno, los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en lo particular pueden solicitar ser escuchados por los ministros en audiencias públicas para presentar sus argumentos sobre asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional.

Explicó que ese acuerdo se aprobó de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

Batres agregó que es indudable que tanto la Ley de Minería como la violencia vicaria son temas que inciden directamente en las vidas de comunidades enteras y personas en lo individual, además de ser de interés nacional.

El lunes estuvieron presentes nueve ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis Gutiérrez Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Lelia Batres Guadarrama y Alberto Pérez Dayán. No asistieron Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En el caso de la Ley Minera, la petición de audiencia fue rechazada por siete de los nueve ministros, mientras en el asunto de violencia vicaria la votación fue de ocho contra uno. En ambos, Batres votó a favor de las audiencias públicas.