Santiago. Al igual que el gobierno, las élites políticas y el empresariado reaccionaron aliviados, incluso felicitándose, por el rescate financiero de las aseguradoras de salud privadas mediante una ley aprobada en el Parlamento que encarece los precios a los usuarios. También hubo voces que recriminaron el acuerdo con reproches a la industria.

Las aseguradoras –conocidas como Institutos de Salud Previsional (Isapres) y cuyos índices de mala evaluación alcanzaron 70 por ciento– amenazaban con ir a la quiebra y desamparar a sus clientes si el gobierno no impulsaba un proyecto que les permitiera acatar un fallo de la Corte Suprema, que las sentenció a devolver mil 400 millones de dólares en sobreprecios cobrados unilateralmente entre 2020 y 2022.

La insolvencia y la potencial quiebra de algunas de las 10 compañías existentes suponía el colapso del sistema de salud pública, que atiende a 85 por ciento de la población, porque de golpe habrían tenido que atender a casi 3 millones de afiliados, lo que hubiera colapsado el aparato estatal, ya rebasado con 2 millones de personas en espera de cirugías y otros tratamientos críticos. Esa amenaza fue formulada sin pudor por las Isapres y sus cabilderos.

Otro riesgo se cernía sobre las clínicas privadas, a las cuales las aseguradoras adeudan 700 millones de dólares, porque dejarían de servirlas y las habrían arrastrado en su caída, recrudeciendo la crisis global de atención a la salud en Chile, porque los hospitales estatales transfieren a las clínicas los pacientes críticos que no consiguen tratar.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, exigió que las aseguradoras precisen ahora qué ofrecen al país a cambio del esfuerzo que se ha hecho para darles sustentabilidad, porque tenemos cierto respiro, esta es una salida que da cierta estabilidad, pero ahora depende de cómo se ajuste el sistema.

La médica recalcó que era necesario el rescate porque el sistema público no se da abasto y no vamos a tener una gran reforma este año para fortalecer el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que atiende a más de 15 millones de personas.

También reaccionó el presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno no tuvo más remedio que impulsar la ley, algo que le ha acarreado críticas desde el propio oficialismo, acusando de que durante demasiados años las Isapres realizaron cobros abusivos y discriminaron de manera injusta a parte de sus usuarios, por lo cual los montos cobrados en exceso deben devolverse y van a tener que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados y afiliadas en cuotas establecidas con prioridad a las personas de mayor edad.

Sectores académicos advirtieron que el monto de la deuda que se estableció en el fallo de la Corte Suprema se está vulnerando; se va a pagar menos.