La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer en sesión privada la petición para realizar audiencias públicas sobre la reforma a la Ley Minera y la violencia vicaria.

En el caso de la Ley Minera, la petición de audiencia fue rechazada por mayoría de siete de los nueve ministros presentes, mientras en el de violencia vicaria la votación fue de ocho contra nueve.

Según el Acuerdo General 2/2008 aprobado por el propio pleno, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en lo particular pueden solicitar ser oídos por los ministros en audiencias públicas para presentar sus argumentos sobre asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional.

Dicho acuerdo se aprobó de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se avala que, para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

Sin embargo, en menos de un mes el máximo tribunal se ha negado en tres ocasiones a escuchar las voces de comunidades indígenas y ciudadanos interesados en asuntos que se votarán en la SCJN.