l pasado viernes salieron en libertad provisional ocho militares acusados de delincuencia organizada en el contexto de la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Habían estado presos en el Campo Militar número uno, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la jueza federal Raquel Duarte Cedillo consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no había aportado suficientes elementos para probar las ligas de esos militares con un grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos, acusado a su vez de la desaparición de los estudiantes.

Dado que la juez no estimó, o la fiscalía no probó, que fuera procedente la prisión preventiva justificada, los liberados presentaron una fianza de cien mil pesos cada uno y deberán presentarse a firmar en un juzgado cada quincena, mientras concluye su proceso judicial. Es la segunda ocasión en que se les cambian las medidas cautelares.

Esta liberación, tan cantada, se suma a las decisiones regresivas que ha ido tomando el gobierno federal en el caso de los normalistas desaparecidos. A pesar del tajante compromiso del presidente López Obrador de esclarecer y hacer justicia en este caso (y en otros más, relacionados con víctimas del pasado y con desaparecidos actuales y acumulados), se ha producido un giro que va desmontando las estructuras institucionales y las expectativas de verdad y justicia, específicamente con la barrera militar como factor insuperable, rector.

En tales circunstancias se produjo ayer un episodio preocupante (lanzamiento de petardos y cohetones contra Palacio Nacional, con saldo de más de 20 policías con lesiones) en cuanto muestra la radicalización de segmentos del movimiento de los 43 que creen que ha fenecido la voluntad política justiciera de la administración obradorista (aunque la decisión de liberar a los ocho militares fue tomada por el Poder Judicial, aduciendo insuficiencia de la FGR).

Dicha radicalización corre aparte de la cita oficial a diálogo que el presidente López Obrador ha fijado para el día siguiente a las elecciones de junio. Y se inscribe en días tensos, en los que la oposición a la llamada Cuarta Transformación se esfuerza en impulsar y aprovechar hechos y circunstancias que generen confusión e incertidumbre.

En cuanto al debate entre aspirantes a gobernar la capital del país ha de decirse que no aportó rasgos modificatorios del trazo general antecedente: el retador Santiago Taboada añadió acritud en sus dichos y gestualidad, pero en lo esencial fue una continuidad de su libreto de segundo lugar en busca de descarrilar a quien va en primero.

Clara Brugada, por su parte, asumió el rol de puntera, sin dejarse presionar por las provocaciones del panista retador y, a la vez, sin concederse la posibilidad de responder con más contundencia, anclada en una condición propositiva (con algunas pinceladas importantes, como la del ex jefe policiaco llamado Goliat, acusado de diversos delitos y colaborador de Taboada) que habrá de verse si es suficiente para impedir el avance cuando menos demoscópico del candidato inmobiliario.

Algunos detalles menores ganaron cierta atención: el peinado y vestimenta de Brugada, parecidos al estilo de Ernestina Godoy (a tal grado que el moderador varón se equivocó de nombre en una ocasión), el porro de Salomón Chertorivski (ya no las palomitas), el inicio descriptivo de los aspirantes por sí mismos para que personas con discapacidad visual los imaginaran, y el nombramiento poco funcional (pues pronto estarán en otras responsabilidades, federales, que poco tiempo real les darán para ocuparse de lo chilango) de Ebrard, Ernestina y García Harfuch como consejeros de Brugada en materia de seguridad pública.

Y, mientras Pemex ha confirmado la presentación de una denuncia penal contra Amparo Casar e hijos, ¡hasta mañana!

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