Especialistas y juzgadores sostienen que si la reforma total al Poder Judicial Federal se aprueba en la próxima legislatura, podría causar parálisis y un total atraso en todos los juicios que se mantienen vigentes, litigios que podrían durar, afirman, décadas.

Exponen que si la totalidad de jueces, magistrados e incluso ministros son cambiados de un plumazo se generaría una problemática a nivel nacional para la impartición de justicia en temas administrativos, civiles y penales en materia federal.

El ex magistrado Jorge Fernández Souza, actual integrante de la Mesa de Asesores del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), sostiene que la problemática influiría en temas sociales, por lo que no es recomendable aplicar una reforma de tal calado.

Juan Pablo Gómez Fierro, actual magistrado de circuito, considera que la elección de personas juzgadoras a través del voto popular podría derivar en la politización de las decisiones jurisdiccionales, así como en la afectación a la imparcialidad y la integridad del Poder Judicial.

Estas influencias externas pueden comprometer la imparcialidad y confiabilidad del Poder Judicial y podría conducir a decisiones sesgadas o injustas. Por ejemplo, los jueces pueden sentirse obligados a emitir fallos que se alineen a la opinión popular, pero también con los intereses afines que aseguraron su elección, afirmó el juzgador.

Alertó que si de alguna manera buscamos que los jueces sean elegidos de manera popular, lo que estaríamos incitando es a que sus decisiones ya no estuvieran dirigidas a cumplir con el imperio de la ley, sino a agradar al votante.

Para el ex magistrado Fernández Souza es imperativo quitar el control al Poder Ejecutivo del proceso de selección de personas juzgadoras en todos los niveles, además de disminuir el cabildeo de actores u organizaciones de élite para incidir en la postulación de los elegibles.

Lo que necesitamos al día de hoy es un proceso que aumente las posibilidades de elegir a personas juzgadoras con base en méritos, trayectoria y conocimiento jurídico; aumentando su legitimidad. La reforma propuesta causaría una problemática en la impartición de justicia y borrar a jueces y magistrados de un momento a otro, puntualizó.