Puebla, Pue., Políticos que lucran con el problema de la basura, antes cercanos al gobierno del priísta Enrique Peña Nieto y hoy día cobijados por Morena y el actual candidato a senador por Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, son parte de una trama de complicidades que hace de los desechos un negocio jugoso en detrimento del medio ambiente, lo que quedó al descubierto con la investigación ¿El cártel de la basura? Relaciones de poder y laberintos legales en el basurero intermunicipal de las Cholulas, realizado por la organización Nodo de Derechos Humanos (Nodho), que desde hace 15 años documenta y combate los abusos de autoridades y empresas.

El análisis de la agrupación se refiere a Pro-Faj Hidro Limpieza, compañía que opera el relleno intermunicipal de San Pedro Cholula, y de 2016 al pasado 28 de marzo dio servicio a 21 municipios de la región.

Cierres y reaperturas

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Relleno Sanitario de San Pedro Cholula y la Defensa del Agua cerró el confinamiento, luego de que agricultores detectaron que el mal manejo de lixiviados y otras prácticas anómalas contaminaron los pozos de la zona.

Los inconformes impidieron que entraran camiones al lugar para depositar los desechos, y el 2 de abril presentaron un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, el cual sostiene que el vertedero impurificó aguas superficiales y subterráneas.

El 8 de abril, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el confinamiento temporalmente, y 22 días después retiró los sellos, con el argumento de que Pro-Faj cumplió indicaciones que se le impusieron.

El mismo 30 de abril, el gobierno estatal de Puebla y el ayuntamiento de San Andrés Cholula escoltaron con la fuerza pública un convoy de camiones para intentar depositar residuos en el basurero, pero la Unión de Pueblos y Fraccionamientos lo impidió. Entonces, manifestantes y policías se enfrentaron, lo que dejó un saldo de cinco labriegos heridos.

El secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, afirmóen este contexto que la Unión de Pue-blos y Fraccionamientos es un movimiento minoritario, y el vertedero opera en óptimas condiciones.

El Nodho advirtió en su estudio que “Pro-Faj es una empresa con numerosos contratos de recolección, transporte y disposición final de residuos, pero cuya operación y configuración parecen tan pulcras ytransparentes como el negocio al que se dedica. No está claro y parece que nunca lo ha estado, quiénes son sus dueños y los nombres de los dirigentes y mucho menos cuál es su estructura organizativa y operativa.

No tienen un sitio en Internet y la poca información pública sobre la empresa es la que se puede descifrar de licitaciones y contratos divulgados por entidades públicas con las que se vincula comercialmente o a través de documentos hemerográficos sobre los escándalos y controversias en las que se ve involucrada recurrentemente”, expuso.

En la investigación se señala también a Grupo CIPA, dedicado a la gestión integral de residuos, generación de energía eléctrica a partir de residuos orgánicos y consultoría en proyectos ambientales y de energía.

El grupo tiene su sede en la Ciudad de México, pero también opera en Durango, Puebla y el estado de México, mismas entidades en las que Pro-Faj ha celebrado contratos. Además, en el megabasurero de Pro-Faj en la carretera Cholula-Calpan hay un letrero que confirma el vínculo.

El Nodho acota que Cuauhtémoc Ochoa es socio de CIPA, al igual que Isabel Sánchez y Pablo León, quienes se presentaron como representantes legales de Pro-Faj, tras la clausura del relleno sanitario de Cholula por la Profepa.

Menciona que Ochoa Fernández, militante del Partido Verde Ecologista de México, fue secretario de Turismo en Hidalgo y titular de Obras Públicas, Comunicaciones, Transporte y Asentamientos, en el sexenio del priísta Miguel Ángel Osorio Chong (2005-2011). Posteriormente, cuando fue secretario de Gobernación de Enrique Peña (2012-2018), Cuauhtémoc Ochoa fue subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En 2016, Cuauhtémoc Ochoa inauguró el relleno de San Pedro Cholula, junto con el entonces titular de la Semarnat, Rafael Pacciano Alamán; el entonces gobernador poblano, el panista Rafael Moreno Valle Rosas, y José Juan Espinosa Torres, en ese tiempo edil cholulteca y hoy día candidato del PRI a diputado.

Asimismo, Ochoa Fernández fue integrante del consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y firmante de la compra de Fertinal, cuando la empresa productiva del Estado era dirigida por Emilio Lozoya, operación por la que éste último fue acusado de fraude.

Omisiones de Ochoa en su declaración patrimonial

Cuauhtémoc Ochoa es diputado por Tula y este año, ya como candidato a senador de Morena por Hidalgo, fue señalado en varios medios por omitir en su declaración patrimonial su participación en empresas como Aero Aztec Inc. –registrada en Panamá y presidida por su hermano Tenoch José Ochoa– y Gasatec, que tiene su sede en el estado de México y comercializa lubricantes, gasolinas y diésel suministrados por Pemex-Refinación.

El Nodho afirma que las versiones periodísticas que vinculan a Ochoa con el Grupo CIPA y Pro-Faj, hablan de su relación con otros actores formalmente relacionados a Pro-Faj. Uno de ellos es Andrey Nitgard Cruz Hernández, funcionario de Semarnat en el mismo periodo que Ochoa.

Destaca que “Cruz Hernández aparece como representante legal de Pro-Faj en el contrato Sobse/DGAF/DRMAS/251/2020 con la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.

Además, es el promotor del juicio de amparo contra el ayuntamiento de Naucalpan de Juárez (estado de México), que aparece en el expediente 887/2023, con motivo de la clausura del relleno sanitario de Pro-Faj en la localidad de Tepatlaxco”.

El cierre del tiradero referido se debió a la contaminación de la presa Madín, dos explosiones por acumulación de gases y un deslizamiento de siete toneladas de basura por el cual murieron cuatro personas.

Nodho cita también a Alberto Salcedo Loza, quien en 2016, como administrador único de Pro-Faj , firmó con el ayuntamiento de San Pedro Cholula un contrato de la concesión para la disposición final de residuos sólidos urbanos, y el contrato Municipio-Dgo-PNM-PF-055/2018 con el ayuntamiento de Durango en 2018. “En la licitación Hayto-DGO-DMSP-021 18, que posteriormente lleva a la adjudicación del contrato a Pro-Faj, Gerardo Ornelas Alcántara aparece como firmante en el acta del fallo en favor de la empresa en 2018, sostuvo.

Ornelas Alcántara había sido director del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en San Pedro Cholula entre 2013 y 2016. Fue el responsable de gestionar la construcción del relleno sanitario intermunicipal, promovido por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle en la frontera de ese municipio con el de Calpan, mismo que ahora está en manos de Pro-Faj y fue inaugurado en 2016, año en que Ornelas Alcántara presentó su renuncia al OOSL, aseguró.

Controversia por concesión

El análisis plantea que otra ruta de las redes de poder de Pro-Faj tienen que ver con la controversia en torno a la concesión por 30 años de la recolección de residuos en San Andrés Cholula que en 2017 promovió el entonces alcalde de ese municipio, Leoncio Paisano, con un contrato que celebró y mantuvo a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso del estado.

La legislatura local aprobó ese convenio en medio de un juicio de amparo que cuestionó el proceso de licitación, promovido por la morenista Karina Pérez Popoca, alcaldesa de Cholula (2018-2021) y hoy candidata a diputada local.