Al cierre del primer trimestre del año, la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno capitalino reportó ingresos por 89 mil 364.8 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 1.5 por ciento sobre el mismo periodo de 2023, y de 6.8 por ciento más de lo que se tenía estimado, 83 mil 705.7 millones; es decir, se rebasó la meta con 5 mil 659.1 millones.

Se efectuaron pagos y amortizaciones para un desendeudamiento de mil 599.6 millones, con lo que el total del ingreso quedó en 87 mil 765.2 millones.

El Informe de Avance Programático Presupuestal enero-marzo que la dependencia entregó al Congreso capitalino refiere que en el trimestre se registró un gasto neto, ejercido y comprometido, de 114 mil 62.9 millones de pesos que representan 42.6 por ciento del total aprobado, más de una cuarta parte del presupuesto anual, lo que refleja un buen ritmo de gasto.

Detalla que los ingresos locales tributarios y no tributarios ascendieron a 44 mil 349.4, es decir, 52.2 por ciento. Las contribuciones acumularon 34 mil 91.1 millones de pesos, 3.8 por ciento más de lo recaudado en los primeros tres meses del año pasado.

En esta recaudación los impuestos sobre el patrimonio representaron 65.1 por ciento, con 22 mil 176.5 millones. El impuesto predial se ubicó como el más importante, con 17 mil 52.5 millones, en tanto que el gravamen de nómina aportó 31.1 por ciento de los ingresos tributarios con 10 mil 947.4 millones.

En el periodo, la ciudad sumó 40 mil 630 millones de pesos de ingresos de origen federal, es decir, 47.8 por ciento.

En cuanto al gasto, se refiere que 103 mil 532.5 millones correspondieron al programable y 10 mil 530.5 a no programable. Del primer rubro 78 mil 130 millones –75.5 por ciento– se destinaron a gasto corriente, 14 mil 340.6 millones –11.9 por ciento– a gasto de capital y 11 mil 61 millones, 10.7 por ciento, al pago de pensiones y jubilaciones.

Del corriente destacan servicios personales con una mayor asignación asociada con la ejecución de acciones de seguridad ciudadana, salud, transporte y gestión de agua potable, lo que significa garantizar derechos básicos para la ciudadanía.