El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer que el Congreso de Veracruz incurrió en una omisión legislativa al no adecuar sus leyes con la Constitución federal para dar mayor autonomía a los municipios de la entidad para el manejo y administración de sus bienes.

A propuesta del ministro Luis María Aguilar se detalló que sólo se tendrá la limitante de que las decisiones que al respecto se tomen por el ayuntamiento sean por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes.

Por el contrario, hoy la Constitución y la legislación secundaria de Veracruz condicionan los actos precisados a una aprobación por parte del legislador estatal del actuar municipal, lo que excede y se opone al mandato constitucional, señaló Aguilar Morales.

Los ministros de la SCJN coincidieron en que la Constitución autorizó desde 1999 a las legislaturas locales a señalar cuáles son los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del ayuntamiento.

Dicha reforma tuvo el espíritu e intención de fortalecer al municipio libre y hacer realidad la autonomía municipal eliminando injerencias o potestades que la misma Constitución permitía o consagraba a favor del gobierno estatal en detrimento de la figura municipal y configurándole, expresamente, como un tercer nivel de gobierno más que como una entidad de índole administrativa con un ámbito de gobierno con competencias propias y exclusivas, expuso la ministra Lenia Batres.

Incluso, se previó que las entidades federativas estaban obligadas a ajustar sus normas internas a efecto de garantizar que los municipios dispusieran libremente de su patrimonio. Ante esto la Corte determinó que el legislador veracruzano incumplió lo dispuesto en el mandato constitucional, con lo que incurrió en una omisión legislativa.

El tribunal pleno instó al Congreso del Estado de Veracruz para que durante el próximo periodo de sesiones legisle para acatar lo dispuesto en la Constitución.