Buenos Aires. En momentos en que el presidente de ultraderecha Javier Milei aparecía con la bandera de Israel en las manos y detrás la de Estados Unidos, provocando indignación y rechazo, se realizaron 500 bloqueos en todo el país, convocados por organizaciones sociales en protesta por la gravísima situación que se vive, coincidiendo con el inicio del debate de la Ley Bases en el Senado.

La sesión legislativa comenzó con un escándalo sin precedente ante la denuncia del presidente de la bancada opositora de la peronista Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, quien advirtió que el texto enviado a los senadores es diferente al que se aprobó en la cámara baja el pasado 30 de abril.

Esto significa una violación muy grave, ya que el texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto, algo que no puede pasar y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado, sostuvo Martínez, a lo que se agregan otras denuncias de diputados, cuyos votos se alteraron cuando se trataba de una votación clave del capítulo fiscal de la enorme ley impulsada por Javier Milei, informó Página/12.

En declaraciones a una emisora local, el senador de UP Óscar Parrilli destacó la gravedad de las modificación en un proyecto del gobierno que viola todas las normas legales, y de hecho convierte al país en una colonia encubierta, como han denunciado juristas aquí. Parrilli explicó que los senadores no podríamos tratar algo que no fue sancionado, y subrayó que es necesario un análisis antes del debate para establecer si se debe solicitar el texto correcto que aprobaron los diputados. Indicó que la UP “no está de acuerdo con esto (la Ley Bases) porque los problemas que tiene Argentina hoy no se solucionan con ésta. Lo único que hace la ley ómnibus es agravar esta situación”.

Diversas organizaciones sociales marcharon en esta capital hasta la residencia presidencial en la Quinta de Olivos, donde los esperaron decenas de policías de la municipalidad capitalina a los que se unieron la federal y gendarmería.

Además, llevaron camiones hidrantes para detener la marcha pacífica a pocos metros de la residencia, donde querían entregar un documento con los reclamos más urgentes, y fueron empujados y golpeados, incluyendo el mal trato a la prensa, lo que provocó el desmayo de una mujer que debió ser trasladada en ambulancia.

Recahazaron los ajustes en 200 mil planes sociales, lo que depende del Ministerio de Capital Humano, cuya titular, Sandra Petovello, nunca ha recibido a los dirigentes, a cuya cabeza estaban los de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha de Piquetero y otras organizaciones que además demandaron la restitución de fondos de los miles de comedores populares, donde los pobres que se triplican cada día pueden comer un único alimento en 24 horas. Son más de 40 mil los comedores en todo el país, que por disposición del gobierno no reciben los alimentos desde enero pasado.

Esto sucede cuando sigue creciendo la cantidad de gremios y sectores sociales que se suman al paro general de este jueves convocado por la Confederación General del Trabajo.