Al justificar la difusión del expediente de presuntos actos de corrupción de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, por un monto de 48 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por sus características es un penoso caso que ahora se quiere contrarrestar denunciando violación a la protección de datos personales. Condenó el manifiesto de un grupo de personas en respaldo de Casar, porque en lugar de analizar el caso critican ataques a la privacidad.

“Ahora que dan a conocer el manifiesto alegan, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, recurren al instituto de la transparencia, que es hechura de ellos, para decir: ‘se violó la privacidad’, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado porque, si se da a conocer, se puede cometer el delito, el grave delito de que se viola la privacidad”, ironizó en su conferencia.

El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que avanza la denuncia penal para buscar la reparación del daño, porque mediante irregularidades ocurridas cuando murió Carlos Fernando Márquez, el 7 de octubre de 2004, se alteraron los procedimientos para agilizar el pago de la pensión y el seguro de vida. Aunque los peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal encontraron desde las primeras horas indicios de un suicidio, se omitió esa condición para que procedieran los pagos, porque en suicidio son improcedentes.

Explicó que con la difusión del expediente no se incurrió en violaciones a los datos personales porque una resolución del INAI señala expresamente: No puede reservarse información relacionada con actos de corrupción porque, de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción.

Romero Oropeza consideró mentira la reciente declaración de Casar, quien sostuvo que se estaba enterando de que su esposo había muerto por suicidio, toda vez que a las pocas horas del deceso llegaron al lugar el señor Juan Rebolledo Gout, cuñado del señor Márquez Padilla. Se presentó José Ignacio Casar Pérez, hermano –también cuñado del finado– de la señora Casar; se presentó Federico Javier Márquez Padilla, hermano del finado. Y hubo conocimiento de todo el proceso a las pocas horas de que sucedió el asunto y cuando se ratificó la causa, se les envió notificación.

Sin embargo, dio a conocer la irregularidad en el proceso porque para el 29 de octubre de ese año, se realizó el primer pago de la pensión y en noviembre el seguro de vida, cuando aún no se concluida la investigación que finalmente arrojó que el finado se quitó la vida y, con ello, no procedía ni el pago de pensiones (que a la fecha que se le cortaron, en febrero pasado, acumularon 31 millones de pesos), ni el seguro de vida por 17 millones de pesos.

Casar asegura que el seguro se lo pago una empresa privada, sólo que olvida que la póliza fue con recursos de Pemex, que podría ser demandada por la aseguradora. Atribuyó a dos ex funcionarios de la petrolera que se incurrieran en todas estas irregularidades.

–¿Se va a buscar la reparación del daño?

–Sí, desde luego que hay una denuncia que ya se presentó en esta búsqueda de la reparación del daño.