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Seguridad: razones de una decisión
E

l presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que aunque es juarista y civilista, la realidad catastrófica que encontró al asumir la titularidad del Ejecutivo federal lo llevó a apoyarse en las secretarías de Defensa y Marina para hacer frente a la crisis de inseguridad. Recordó que otras instituciones que contempló para esta misión estaban completamente corrompidas y que el acierto de recurrir a los militares se constata en los resultados. Gracias a esta decisión, dijo, ha sido posible disminuir 22 por ciento el número de homicidios dolosos, 41.5 por ciento los feminicidios, 80 por ciento el secuestro y 30 por ciento todas las modalidades de robo. El mandatario reconoció que las fuerzas armadas han tenido manchas y han cometido errores, pero recordó que en todo momento han actuado bajo órdenes del poder civil, por lo que esas faltas han sido responsabilidad de los presidentes en turno.

Como elementos de contexto a los dichos del Presidente, debe recordarse que en 2018 no existía ninguna corporación policial con las capacidades materiales, humanas, logísticas e institucionales para encarar el desafío de la violencia con un mínimo de eficiencia. Es incomprensible que hasta hoy haya presuntos expertos que siguen defendiendo a la Policía Federal como la instancia llamada a restaurar el orden, cuando es sabido que fue creada por Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico y enriquecimiento ilícito. También se encuentra probado que este personaje, sus empresas y su entorno cercano siguieron recibiendo contratos en materia de seguridad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que se sumaron nuevas capas de corrupción al legado del calderonato.

Además de estar corrompida e infiltrada por el crimen, la Policía Federal estaba condenada al fracaso por una mera cuestión numérica: en una década de existencia, no logró reclutar ni siquiera a la mitad de los elementos que se había propuesto. De hecho, cerró 2018 con mil integrantes menos que en 2013, por lo que las versiones de que estaba en vías de consolidarse carecen de sustento. Para establecer un punto de comparación, vale consignar que la Ciudad de México cuenta con 90 mil 44 uniformados (79 mil 567 elementos de proximidad social; 6 mil 783 de reacción, 2 mil 865 preventivos y 829 de investigación). Es decir, que la capital del país es atendida por más del doble de policías de los que llegó a tener la Policía Federal en su mejor momento para todo el territorio nacional.

Si la corporación extinta no tenía la disciplina ni el espíritu de cuerpo que requerían y aún requieren las circunstancias del país, era impensable voltear a las policías estatales o municipales debido al déficit de fiabilidad de las primeras y a la extrema debilidad de las segundas, que en muchos municipios son inexistentes. La experiencia ha probado que sólo las fuerzas armadas disponían de las facultades para crear en el menor tiempo posible una corporación que defendiera a los ciudadanos de los generadores de violencia. Con su participación, hoy la Guardia Nacional dispone de 120 mil efectivos y casi tres centenas de cuarteles, lo que le brinda una presencia territorial que la Policía Federal nunca tuvo. Asimismo, está visto que el sistema educativo de los institutos castrenses es el único con las características que exige formar, entrenar e integrar elementos a un ritmo pertinente, y que solamente las dependencias militares pueden absorber un aparato administrativo de estas dimensiones. Otra comparación ilustrativa: con alrededor de 120 mil efectivos, la Guardia Nacional ha pasado en su primer lustro de vida a tener más personal que Pemex, empresa que cuenta con 102 mil empleados.

Ésta es la paradoja que ha causado tanta polémica y ha motivado tantas críticas: que el proyecto de construir una corporación con vocación policial, no bélica, sólo podía incubarse dentro de la institución militar. Aunque paradójico, no es inaudito: las entidades castrenses entrenan a personal civil en diversos ámbitos desde hace años, y nadie vio en ello un indicio de militarización. A la luz de estas consideraciones puede entenderse la postura del presidente López Obrador, y tomarse en cuenta ante el debate de si la Guardia Nacional debe ser reasignada a la Secretaría de la Defensa Nacional en tanto alcanza su plena madurez. Un punto de referencia de ello será el momento en que la primera generación de oficiales surgidos de esta corporación policial y formados en ella estén en condiciones de asumir su mando.