En 2022 se impusieron 3 mil 843 sanciones a servidores públicos por incumplimiento en las determinaciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los organismos garantes de esas prerrogativas, lo que representó un aumento de 102.4 por ciento respecto de 2020, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de estas medidas de apremio y sanciones, 99.9 por ciento fueron en materia de acceso a la información pública y 0.1 en protección de datos personales.

De acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal 2023 del Inegi, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fueron las más castigadas, seguidas por el Poder Ejecutivo federal.

El INAI impuso mil 552 amonestaciones públicas, 465 multas y mil 826 medidas de apremio, que puede ser la publicación en la página web del sujeto obligado infractor con un mensaje que diga que incumple con la Ley de Transparencia.

El Inegi publicó el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Federal 2023, cuya finalidad es vincular los datos con el diseño, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dichas funciones.

En México, 7 mil 929 sujetos obligados reportaron información sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales: 801 (10.1 por ciento) lo hicieron al INAI y 7 mil 128 (89.9) a los organismos garantes. Comparado con 2020, estas cifras representaron una disminución de 7.4 por ciento y un aumento de 0.6 durante 2022. Las entidades federativas que concentraron la mayor cantidad de sujetos obligados que reportaron información fueron Chihuahua y Jalisco, con 982 y 493, respectivamente.