l gobierno israelí negó por segunda vez la entrada a Gaza al titular de la oficina de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, según lo informó ayer el propio funcionario internacional. Esta arbitrariedad se inscribe en la guerra propagandística que Tel Aviv ha declarado a esa agencia de Naciones Unidas, a la que acusa, hasta ahora sin ninguna prueba, de emplear a militantes de Hamas, y constituye una más de las agresiones israelíes en contra de entidades humanitarias intergubernamentales o sociales que han tratado de aliviar en alguna medida la desesperada situación de la población gazatí, sometida a bombardeos de exterminio, a la destrucción sistemática de sus hogares, hospitales, escuelas y templos, y a un cerco implacable que ha provocado muertes por hambre, desnutrición y carencia de insumos médicos esenciales.
Otro aspecto de la injustificable prohibición a Lazzarini es el designio del régimen encabezado por Benjamin Netanyahu de continuar la masacre de palestinos con el menor número de testigos y de testimonios posibles. No es casual que en los siete meses que ya dura la agresión israelí a Gaza hayan sido asesinados por los invasores al menos 26 periodistas, ni que se haya ordenado el cierre de las oficinas en Israel de la cadena televisiva catarí Al Jazeera, uno de los poquísimos medios que ha podido informar de manera imparcial sobre el genocidio en curso.
Resulta vergonzoso que la determinación censora de Tel Aviv haya sido adoptada de manera casi simétrica por gobiernos que se dicen democráticos, como el de Estados Unidos y el de Francia, los cuales han violentado las libertades de expresión y de manifestación en sus propios países con medidas represivas y de sanciones académicas en contra de los sectores –estudiantiles, sobre todo– que expresan por medio de protestas pacíficas su repudio a la masacre de palestinos y a la destrucción de Gaza por parte de Israel. Mientras las autoridades estadunidenses han realizado más de 2 mil arrestos en diversos centros de educación superior, en Francia grupos estudiantiles fueron desalojados por la policía de la Facultad de Ciencias Políticas y las autoridades negaron el ingreso al país del cirujano palestino Ghassan Abu Sitta, quien había sido invitado a rendir ante un grupo del Senado su testimonio sobre la situación imperante en los destruidos hospitales gazatíes.
Una vertiente particularmente perversa de esta suerte de coordinación represiva en la que además de los gobiernos de París y de Washington participan directivos de universidades hasta ahora prestigiadas es que esgrime como argumento un supuesto combate a expresiones antisemitas y/o de simpatía hacia Hamas, en lo que constituye una difamación escandalosa. Nadie en Occidente se ha manifestado hasta ahora en apoyo a ese grupo fundamentalista y a sus acciones, y la bandera de la judeofobia no ha sido blandida en ningún momento en movilizaciones en las que participan no pocos judíos.
En suma, la barbarie criminal del régimen de Tel Aviv ha terminado por arrastrar a gobiernos que se dicen respetuosos de los derechos humanos y de la libertad de expresión y manifestación. Si en estos meses la administración de Netanyahu ha exhibido su estrecha hermandad con los peores gobiernos fascistas, los de Washington y de París han puesto en entredicho su condición de democracias.
