Los bienes raíces en Estados Unidos se han vuelto uno de los principales destinos para el lavado de dinero en operaciones internacionales; entre las más frecuentes están las que se originan en México.

En los últimos 20 años más de 2 mil 600 millones de dólares provenientes de fondos sospechosos se invirtieron en el sector inmobiliario de ese país, de acuerdo con Integridad Financiera Global (GFI por sus siglas en inglés).

La propiedad comercial en Estados Unidos ofrece a sindicatos criminales, cárteles, cleptócratas y estafadores un camino fácil para ocultar y lavar sus ganancias mal habidas, destaca la organización. Ello se debe en parte a que cada vez es más frecuente que las propiedades pertenezcan a fideicomisos tanto de ese país como del extranjero, a los que no se aplican las regulaciones en materia de transparencia corporativa.

El reporte de GFI destaca que, de acuerdo con casos ya públicos, en las últimas dos décadas más de 2 mil 600 millones de dólares en fondos sospechosos se invirtieron en bienes raíces comerciales de 22 estados en Estados Unidos. Es probable que la cifra real sea mucho mayor, dada la naturaleza opaca de la industria y de la criminalidad involucrada, advierte.

Entre los reportes vinculados con México se destaca el caso de los Legionarios de Cristo, organización religiosa que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya había indagado por presunto lavado de dinero. El informe recuperado por la GFI es por inversiones en complejos de apartamentos en Iowa, Florida, Texas, Illinois e Indiana, por un valor de 14 millones de dólares.

También se retoma el caso de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas que en marzo del año pasado fue sentenciado a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos.

De acuerdo con la GFI, el desarrollo de uso mixto en Texas a través del cual el ex priísta lavó dinero tiene un valor de 7 millones de dólares.

El reporte consigna a su vez el caso de Rafael Olvera Amezcua, dueño y accionista principal de Ficrea, una microfinanciera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que cometió una estafa contra alrededor de 6 mil ahorradores. Al ex banquero se le acusa de desviar recursos hacia otras empresas e invertir en propiedades como oficinas y condominios en Texas y Florida por un valor de 30 millones de dólares.

Por último se expone el caso de Sefira LLC, compañía que habría lavado 207.7 millones de dólares de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas mediante la compra de condominios, hoteles y edificios comerciales en Georgia, Florida, Virginia y Maryland. El gobierno estadunidense llegó a un acuerdo con esta compañía por aceptar millones de dólares a través del mercado negro de divisas para invertir en diversos proyectos inmobiliarios.

El informe destaca que parte del lavado en bienes raíces se debe a que los requisitos de presentación de informes son laxos o inexistentes, además de que cada vez más viviendas ahora son propiedad de entidades y acuerdos legales, incluidos los fideicomisos.