l 11 de junio de 2019 comenzó la militarización de la política migratoria en México. El autor intelectual fue Donald Trump y el ejecutor el gobierno de la 4T, por intermedio de Marcelo Ebrad, que llegó a un acuerdo para conjurar el chantaje de los aranceles.

Dos reportes recientes, dan cuenta de este proceso: Bajo la Bota (2022) de la Fundación para la justicia, la Red de periodistas de a pie y otras instituciones y, el más reciente, de la Universidad Iberoamericana, La militarización del Instituto Nacional de Migración y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes (2024).

Ambos reportes coinciden en afirmar que la doctrina de la seguridad nacional se impone para definir las políticas migratorias. En Estados Unidos empezó antes, en 1994, con la Operación Guardián, el muro y la militarización de la frontera. Recordemos que en los años 80 la frontera era propiamente una línea, imaginaria en muchos casos, marcada solamente por una malla de alambre en algunas ciudades del oeste como Tijuana y Mexicali y por el este la frontera era el Río Bravo.

En México, la política de seguridad fronteriza empezó a definirse con el gobierno de Vicente Fox, con el Plan Sur (2001), que incluyó a los tres órdenes de gobierno y los militares en la vigilancia fronteriza. También fue en respuesta a un nuevo patrón migratorio de tránsito, que implica a migrantes centroamericanos de bajos recursos, que se hacen visibles al viajar en el lomo de los vagones del ferrocarril, en lo que se conoce como La Bestia.

Luego, el Programa Frontera Sur (2014) respondió, otra vez, a la crisis migratoria y humanitaria en la frontera durante el gobierno de Obama. El programa se llevó a cabo por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y el aumento significativo de detenciones y deportaciones.

En 2018, el gobierno de Peña Nieto se enfrentó a un nuevo patrón migratorio masivo y mediático, la caravana que se enfrentó en puente del río Suchiate y que forzó la entrada y llegó, con gran apoyo de la ciudadanía, hasta Tijuana. Al año siguiente, el INM abrió la puerta a otra caravana, la cual pasó tranquilamente la frontera y sólo se detuvo para registrarse en los módulos del INM y recibir una credencial que les permitía transitar. Y le siguieron otras tantas, pero menos numerosas y mediáticas que la de 2018.

La 4T enfrentó un panorama totalmente inédito del fenómeno migratorio, por su magnitud, la diversidad de nacionalidades, entre las que destacan Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que antes no figuraban en el escenario anterior.

El gobierno de Trump se vio favorecido con la pandemia y el cierre de fronteras, que detuvo el tránsito a nivel continental. Pero le tocó a Joe Biden enfrentar un panorama muy complicado, en el frente externo, con la aplicación de medidas para controlar la frontera y llegar a acuerdos con México. En el frente interno, tuvo que encarar a la oposición republicana, que se niega a negociar cualquier acuerdo, y la beligerancia de Texas.

En este contexto, se da la militarización del INM, la cual se apoya en la guardia nacional, el Ejército y la Marina para realizar sus operativos. El más contundente de éstos fue el de junio de 2019, con la participación de 20 mil miembros de la Guardia Nacional (GN) para detener el flujo migratorio y conjurar el chantaje de los aranceles por parte de Donald Trump y allanar el camino a la firma del nuevo tratado de libre comercio.

Según el reporte de la Universidad Iberoamericana, casi la mitad de las oficinas del INM en los estados son dirigidas por personal con estudios o formación militar (47 por ciento) y también hay personal con pasado militar en tres cargos de titulares del INM, que a su vez ha contratado cursos de formación militar para su personal.

Otro tema relevante es el uso de armas de alto poder en operativos que lleva a cabo el INM con apoyo de la GN y los militares. Si bien no se han dado casos de accidentes o incidentes, el protocolo aplicado no deja de ser intimidante para los migrantes.

En el reporte se afirma que sí hay un discurso muy potente dentro de Instituto Nacional de Migración de que los migrantes son malos, de que los migrantes son delincuentes, que ellos están haciendo labores un poco como de procuración de justicia, y ese es un discurso muy poderoso que justifica que haya tratos muy malos en contra de los migrantes.

De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que 73 por ciento de las denuncias se refieren al INM y 9 por ciento a la Guardia Nacional.

Finalmente, es ineludible mencionar la corrupción de los funcionarios del INM, algo ya sabido y denunciado, pero que en esta institución aquello de cero corrupción y cero impunidad pasó de noche.

Ahora se viene otro acuerdo firmado entre López Obrador y Joe Biden para aplicar la política de seguridad nacional en ambas fronteras y proporcionar un salvavidas a Biden en las próximas elecciones.