La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregó ayer su pliego petitorio al gobierno federal. En el ámbito económico solicita aumento salarial de 100 por ciento, retroactivo al 1º de enero de 2024; la disminución del porcentaje del impuesto sobre la renta (ISR) a los trabajadores del sector, y la asignación de 12 por ciento del producto interno bruto al presupuesto en la materia.

El documento de siete páginas incluye demandas en los aspectos político, económico, educativo, laboral, administrativo, de seguridad y justicia social. En este último plantea castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y cancelación de concesiones de agua, entre otros.

Propone que las mesas de negociación retomadas a partir del 1º de abril con el gobierno de la República y las tripartitas tengan carácter resolutivo; que haya estabilidad laboral para los docentes y se reconozca jurídica y administrativamente a las comisiones sindicales, así como las autonomías y formas democráticas de elección de sus representantes.

En el rubro económico, solicitan, entre otros puntos, que todas las prestaciones se incorporen al salario base y se incremente el presupuesto para las normales, la Universidad Pedagógica Nacional y otros centros de formación magisterial.

Respeto a programa educativo

La CNTE solicita que se reconozca y respete su programa de educación que opera en las escuelas y que quienes lo llevan a la práctica dejen de ser víctimas de represión laboral, administrativa y económica. También demandan mejoras en los planteles, la dotación de uniformes y becas para los estudiantes.

Por la parte laboral solicita, entre otros, la instauración de un plan nacional de basificación inmediata a quienes cumplan seis meses de antigüedad, la reinstalación de profesores cesados de manera injusta y la recuperación de la relación bilateral SEP-CNTE.

En seguridad social reiteran su demanda de que mejoren los servicios que presta el Issste; el pago de pensiones con base en el salario mínimo y no en UMA; la cancelación de las Afore y el retorno al sistema solidario de pensiones, así como pago de 90 días de aguinaldo.