En el primer trimestre de 2024 el gasto neto del sector público en el pago de pensiones y jubilaciones se ubicó en 353 mil 978 millones de pesos, un incremento real (descontando la inflación) de 5.6 por ciento en comparación con los 320 mil 629 millones de pesos de igual periodo de 2023, revelan datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según el último reporte de Finanzas Públicas de la dependencia, el monto destinado al pago de pensiones del sector público equivale a 21 por ciento del gasto programable del gobierno en los primeros tres meses del año, que asciende a un billón 678 mil millones de pesos.

El gasto pensionario del gobierno federal del primer trimestre de 2024 supera en 57 por ciento a los 224 mil 980 millones de pesos que fueron destinados para inversión física.

Los recursos son empleados por el sector público para pagar a los jubilados del gobierno federal que se desempeñaron en empresas estatales como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, así como a los registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el régimen de la Ley 73, el cual cambió en 1997 para dar paso a las administradoras de fondos para el retiro (Afore).

Con la creación de las Afore se inició un régimen pensionario en el cual cotizan más de 70 millones de personas. Consiste en una jubilación con base en el ahorro de los trabajadores a lo largo de su vida laboral y ya no financiada por el Estado como ocurrió hasta 1997. De entonces a la fecha, las obligaciones pensionarias que se generan ya no corren por cuenta del sector público.

Mientras las personas del régimen del 73 pueden optar por retirarse a los 65 años con hasta 100 por ciento de su salario promedio de los últimos cinco años, el del 97 provocó que los trabajadores lo hicieran con menos de una tercera parte, lo cual se ha ido corrigiendo en la actual administración con una serie de medidas como la reforma de 2020 que elevó la proporción a prácticamente la mitad.

Sin embargo, al no ser suficiente, el gobierno impulsó una nueva medida que consiste en crear un fondo semilla que sirva para complementar la pensión de los mexicanos hasta por un monto de 16 mil 600 pesos, equivalente al ingreso promedio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Saldos de 200 o 300 pesos

El martes pasado, al presentar el informe de finanzas públicas correspondiente al primer trimestre de 2023, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que este fondo necesitará recursos por alrededor de 130 mil millones de pesos para sus primeros 10 años de existencia.

La intención del gobierno, explicó el funcionario, es fondear en una primera etapa la mitad de los recursos, es decir, inyectar alrededor de 60 mil millones de pesos.

Para obtener esos recursos, agregó, se recurrirá a la venta de algunos activos del gobierno federal, ahorros presupuestales y recursos depositados en cuentas inactivas que por ahora están en manos de las Afore, mismos que, se estima, ascienden a 40 mil millones de pesos. Sin embargo, enfatizó, los detalles se darán cuando se redacten las leyes secundarias.

Lo que sí aseguró el funcionario es que el espíritu de la reforma no es tomar los recursos de las personas, pues está contemplado que si en algún momento el trabajador reclama su ahorro, el gobierno se lo regresará.

Las cuentas inactivas tienen saldos muy bajos, entre 200 y 300 pesos. Su característica es que son montos muy pequeños no reclamados en 10 años, por eso debemos definir procesos para ir jalando esa liquidez al fondo semilla y dejar claro cómo lo puede reclamar el trabajador, concluyó.