En las pasadas 48 horas el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ha recibido al menos cuatro impugnaciones en contra de las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas del Instituto Electoral local (IECM), que prohibió a varios morenistas utilizar el término cártel inmobiliario para referirse al candidato de la alianza PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada.

Si bien se trata del mismo escrito de denuncia, cada juicio fue presentado de manera individual por Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico; Sebastián Ramírez, presidente local de Morena; Tomás Pliego, secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, y Eduardo Santillán, representante de ese partido ante el IECM.

En el texto, los morenistas acusaron a los consejeros de no haber realizado un análisis objetivo e imparcial de los hechos, pues existen 130 edificios irregulares y 16 servidores públicos detenidos y procesados ante la autoridad judicial por actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, que fue gobernada por Taboada.

Agregaron que los consejeros basaron sus conclusiones en los dichos de los denunciantes, sin proporcionar detalles concretos sobre investigaciones ni realizaron las diligencias suficientes para verificar la veracidad y solidez de todo lo que implica el término cártel inmobiliario, que representa a una red de funcionarios panistas, algunos de los cuales ya han aceptado su responsabilidad, e incluso han devuelto bienes a la administración central.

Indicaron que las autoridades han hecho investigaciones a partir de denuncias respaldadas por evidencias, principalmente por la proliferación de pisos ilegales en toda la alcaldía; “la comisión no realizó las diligencias suficientes para comprobar la veracidad y solidez de todo lo relacionado con el cártel inmobiliario, pues únicamente refirió que contaba con elementos indiciarios.

El cártel inmobiliario opera desde hace más de 15 años a través de una red de políticos, en su mayoría del PAN, que gobierna Benito Juárez de forma ininterrumpida desde el año 2000, y aseguraron que sus publicaciones son críticas severas que están amparadas en la libertad de expresión, las cuales son válidas para que formen parte del debate público en todo Estado constitucional y democrático.

Asimismo, calificaron de absurda incongruencia que los consejeros hayan amparado a su candidata Clara Brugada para que pueda utilizar el término en el ejercicio de la libre expresión de ideas, pero no al resto de los morenistas. Además, alertaron que la decisión de los consejeros puede generar dudas sobre su imparcialidad y compromiso con la transparencia.

Por la tarde de ayer, la Comisión de Quejas desechó 24 expedientes, entre ellos varios interpuestos por Morena por presunta calumnia.