Chilpancingo, Gro., Familiares de siete campesinos desaparecidos, ejecutados y sepultados en fosas clandestinas por elementos del Ejército Mexicano, entre 1967 y 1971, en los municipios de Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, advirtieron que marcharán armados con machetes en el Zócalo de la Ciudad de México si antes del proceso electoral del 2 de junio no les entregan de manera digna los cuerpos de sus parientes, exhumados en septiembre pasado.

En conferencia virtual exigieron a las fiscalías General del Estado de Guerrero (FGE) y General de la República (FGR) la entrega de los restos. Vamos a llegar hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo una de las familiares.

Los activistas solicitaron que se inicie la búsqueda de José Santos González Rojas y de otras 12 víctimas en la parte alta de la sierra de Ajuchitlán del Progreso y de San Miguel Totolapan.

Además, indicaron que presentaron una denuncia en la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque no han actuado conforme a la ley; por el contrario, han sido omisas y negligentes.

Mencionaron a las víctimas de la guerra sucia Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Eduviges Obillaga Ortiz, José Isabel González Rojas y José Isabel Rojas Bernardino, que permanecieron más de 50 años en fosas clandestinas.

Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia e hijo de un desaparecido, pidió que antes del 2 de junio “el presidente López Obrador reciba a todos los familiares de los colectivos de la guerra sucia; él dijo que se reuniría con nosotros cada dos meses, pero solamente tuvimos dos reuniones con él en 2021, desde entonces no ha habido ninguna”.

Señaló que el pasado miércoles acudieron “a la Comisión de Acceso a la Verdad, donde se nos informó de la creación de una fiscalía especial para éste y otros casos de la guerra sucia, dependiente de la FGR, y será encabezada por Abel Galván Gallardo, al que le turnarán todas las averiguaciones previas, y algunas carpetas de investigación que se encontraban en el área de la Coordinación General de Delitos Federales de la FGR ahora serán radicadas o turnadas a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, como lo habíamos demandado”.

Estela Arroyo Castro, presidenta de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, Grupos Vulnerables Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, dio lectura a una carta dirigida al mandatario: de manera inmediata solicitamos que se nos realice la entrega digna de los restos humanos de nuestros familiares; las acciones de búsqueda tendientes a localizar a las víctimas de desaparición forzada, y probable ejecución sumaria de José Santos González Rojas y de forma inmediata que la CEAV del ámbito federal inscriba a las víctimas directas e indirectas al Registro Nacional de Víctimas.