Después de 12 años de batalla jurídica, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió que es improcedente la demanda de nulidad de la toma de nota que tramitó Grupo Peñoles, por lo que dejó en firme la representación del Sindicato Nacional Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, ante la Minera Fresnillo.

Así, la autoridad laboral acreditó la personalidad jurídica de su dirigente y el sindicato, previamente constituida por una asamblea, a fin de negociar mejores condiciones laborales para los trabajadores ante el mayor consorcio productor de plata en el mundo.

La parte actora no acreditó estar legitimada en la causa para ejercitar las acciones intentadas en su escrito de demanda y ampliaciones a la misma; el sindicato demandado sí acreditó sus excepciones y defensas, resolvió la autoridad laboral.

De acuerdo con el laudo, la demanda fue presentada el 23 de noviembre de 2012 por el abogado Pablo Franco, quien en representación de Minera Fresnillo y del sindicato Frente solicitó los derechos de libertad sindical y la nulidad de la toma de nota.

Sin embargo, la JFCA determinó archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido, luego de acreditar que los tres trabajadores (actores demandantes) son miembros del sindicato patronal Frente –de Carlos Pavón y creado por Alberto Baillères, fallecido en 2022–, además de que la empresa minera se encuentra legalmente impedida para intervenir en el régimen interno del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Óscar Alzaga, asesor jurídico del sindicato minero, señaló que tal demanda fue presentada con el argumento de que el ahora senador Gómez Urrutia no tenía derecho a ser dirigente debido al exilio forzoso en Canadá durante 12 años. Sin embargo, sostuvo, el líder minero nunca dejó de dirigir el sindicato, así como las negociaciones colectivas y asambleas.

Además, el abogado dijo que Franco cuestionó todo el procedimiento jurídico de la asamblea que religió a Gómez Urrutia a nombre del consorcio minero, pese a que la ley prohíbe expresamente a las empresas intervenir en asuntos sindicales.

Alzaga señaló que la novedad no es que haya perdido el juicio, ni que se trate de una demanda sin pies ni cabeza. El laudo “nos recuerda que Pablo Franco en 2012 se sumó a la empresa Peñoles de Baillères, al abogado patronal Tomás Natividad y al sindicato patronal Frente de Carlos Pavón, (alias) La Marrana, para demandar al Sindicato Nacional Minero y a su líder”, apuntó el asesor jurídico del sindicato minero.