La reforma a diversos ordenamientos para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar está ya en la Presidencia de la República, a donde fue remitida ayer, luego de aprobarse en el Senado, en sesión maratónica que comenzó el jueves y se prolongó hasta la madrugada del viernes.

A partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publique esa reforma en el Diario Oficial de la Federación, tendrá un plazo de hasta 60 días para emitir un decreto en que regulará la operación del fideicomiso constituido por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México, que habrá de recibir e invertir los 40 mil millones de pesos producto de cuentas inactivas por más de 10 años de trabajadores de 70 años, que están ahora en las Afore, además de otros ingresos.

Entre éstos, 75 por ciento de los recursos obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), lo que se obtenga de la liquidación de la Financiera Rural, así como las ganancias del Tren Maya y Mexicana de Aviación.

Durante la discusión que se llevó a cabo en el Senado la madrugada de ayer, la oposición presentó una veintena de reservas para cambiar el articulado, entre otros el segundo transitorio, a fin de que el plazo para concretar la entrega de los 40 mil millones al fondo sea de 120 días, y en ese lapso se busque exhaustivamente a los titulares de las cuentas, lo que fue rechazado por Morena y sus aliados.

La controvertida reforma concluyó su proceso legislativo después de nueve horas de un ríspido debate y pese a la estrategia de los opositores de hacer tiempo, de intentar romper el quorum durante la discusión sobre reservas a diversos ar­tículos de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), de la Ley Federal para los Trabajadores del Estado, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, entre otros.

Contra lo reiterado por senadores de PAN, PRI, PRD y Grupo Plural, de que el gobierno federal confiscará los ahorros para el retiro de los trabajadores, para destinarlo a campañas electorales, legisladores de Morena remitieron al dictamen en el que se establece que los recursos de ese fondo sólo podrán utilizarse para complementar pensiones, que los dueños de las cuentas podrán exigirlo en cualquier momento y se les reintegrarán, con los intereses generados, sin necesidad de recurrir a mandato judicial.

Sin embargo, la priísta Beatriz Paredes insistió en que se considera a millares de trabajadores como objetos y se les engaña y confisca sus ahorros, sin garantizar que los recursos de destinen a pensiones, porque no hay hay transparencia.

Defensa del proyecto

César Cravioto, Napoleón Gómez Urrutia, Mónica Fernández y Omar Holguín respondieron que se trata de mentiras y engaños para defender a los dueños de las Afore, ya que sólo se pueden tocar esos recursos para un fin, que es mejorar el nivel de vida de millones de mexicanos. Si prefieren que se sigan beneficiando con ello las Afore, los banqueros, ¡díganlo!, expuso el senador guinda Ernesto Pérez Astorga.

Los morenistas insistieron en que en la Ley del SAR se establece la obligación de las Afore a emitir en los estados de cuenta de sus afiliados los recursos de cuentas inactivas que pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

De manera sorpresiva, la senadora Alejandra León Gastélum, que dejó las filas de la 4T desde hace tres años, regresó a Morena y fue una de las últimas oradoras en defender el dictamen y sostener que se beneficiará a 28 millones de trabajadores con una pensión digna.

Cerca de la una de la madrugada, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, remitió el decreto al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entre el júbilo de los senadores de Morena y sus aliados.