Dirigentes y candidatos de Morena, encabezados por la abanderada a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, advirtieron que no se quedarán callados e impugnarán la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de emitir medidas cautelares para que se abstengan de vincular al panista Santiago Taboada con el cártel inmobiliario.

Brugada acusó a la Comisión de Quejas de actuar con un doble rasero, pues han presentado 18 denuncias por difusión de mentiras y calumnias, de las cuales sólo dos han sido discutidas, mientras la oposición ha interpuesto seis, cuatro ya fueron resueltas. Por un lado actúan de forma expedita y por el otro son omisos, acusó.

La morenista comentó que esta situación los pone en alerta y preocupa, por lo que hizo un llamado al instituto a actuar de manera imparcial, transparente y democrática, pues se trata del órgano encargado de dirigir el proceso electoral, que debe dar certeza y no censurar,

Vamos a impugnar la resolución. Estamos convencidos de que no se puede limitar la libertad de expresión de legisladores y candidatos. Vamos a agotar todas las instancias legales para defender ese derecho. No nos van a callar, advirtió.

La red de corrupción en Benito Juárez, dijo, no es el tema principal de su campaña, pero con lo que acaban de hacer nos dan un motivo precioso, políticamente, para convertirlo en uno de nuestros principales objetivos: que la población conozca a fondo quién es Taboada y su relación con el cártel inmobiliario.

▲ Senadores morenistas colocaron mantas con la imagen del candidato opositor a la jefatura de Gobierno capitalina, Santiago Taboada, relacionadas con el cártel inmobiliario, durante la sesión de este jueves.Foto Cristina Rodríguez

Eduardo Santillán, representante de Morena ante el órgano electoral, detalló que aún no han sido notificados, pero, en principio, el procedimiento sancionador implica medidas cautelares específicamente contra los legisladores Citlali Hernández, César Cravioto y Víctor Varela, pero está pendiente de resolver otra queja del PAN.

Al respecto, el jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que dicha resolución significa un retroceso a la época de la censura de hace 40 años, y calificó esa postura de oscurantista y medieval.

Tras señalar que también es una muestra de que el instituto no es autónomo ni imparcial, manifestó que no evitará que florezca el pensamiento crítico en la ciudad, pues podrá dictar sus famosas medidas cautelares a 10 personas, pero hay millones de habitantes que saben de dónde proviene la corrupción inmobiliaria, que es una realidad y por la que hasta ahora hay cuatro ex funcionarios públicos sentenciados.