El Grupo de Identidad y Educación celebró la aprobación de la iniciativa que elimina el requisito de la apostilla (sello que se coloca en el acta de nacimiento) en los trámites que garantizan la nacionalidad mexicana a las personas nacidas en el exterior de madre, padre o ambos mexicanos.

Dicha iniciativa beneficiará a más de 600 mil niños y adolescentes que viven en México a partir de la deportación desde otro país de uno o más miembros de la familia, y de manera directa a las 262 mil 828 mujeres deportadas en la última década. Esto último, conforme a cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

El pasado martes en el Senado se aprobó el dictamen a la minuta que modifica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en materia de nacionalidad, destacaron las agrupaciones integrantes de grupo, entre ellas el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), Seminario Niñez Migrante, Dreamers Moms y la Casa del Migrante Saltillo.

El Congreso reparó una deuda histórica con la familias migrantes que ante la deportación o retorno se han visto desplazadas junto a sus hijos que nacieron en Estados Unidos, y ahora se encuentran viviendo en México en busca de reconfigurar proyectos de vida desde el goce de sus derechos.

Destacó que impulsada por el Grupo de Identidad y Educación y el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, y después de una década de trabajo conjunto de las familias en contexto de retorno y deportación y de diálogo con tomadores de decisión, eliminar la apostilla (la cual debía realizarse en el país de nacimiento del infante y que era solicitada por los registros civiles) para el trámite de doble nacionalidad es una victoria para las familias.

El Grupo Identidad y Educación refrendó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población e Identidad para la elaboración de los lineamientos para acreditar la autenticidad de los certificados de nacimiento expedidos por autoridades ­extranjeras.