pocos meses de que termine la actual legislatura federal (en la que no tiene mayoría calificada para impulsar reformas constitucionales) y a menos de 40 días de que se elija nueva titularidad del Poder Ejecutivo federal, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado una batería de propuestas de reformas (alcanzables con mayoría legislativa simple, pero inmediatamente enfiladas a controversias a resolver por la Corte) que en sustancia debilitarían, y en algunos casos anularían, varias de las funciones históricas del Poder Judicial de la Federación, en específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A la polémica relacionada con la reforma en materia de pensiones, el obradorismo ha sumado el empuje suficiente para sacar adelante modificaciones trascendentes en las leyes de Amparo y de Amnistía; con la primera se establecen formas para impedir que los juzgadores afecten decisiones de legisladores que éstos consideren de interés popular irrebatible; con la segunda se faculta al presidente de la República para que dé amnistía a procesados o sentenciados que llegaran a aportar información esclarecedora o resolutiva de temas centrales de interés nacional.

En el plano teórico, es preocupante que se otorgue al portador en turno de la banda presidencial una carta abierta de blindaje a obras o decisiones que, en caso de tener la mayoría suficiente en el Congreso y éste las considerara de interés supremo, no pudieran ser revisadas, corregidas o anuladas por el Poder Judicial, que así estaría impedido de cumplir con el esquema clásico de la división de poderes. Que hoy haya una confianza mayoritaria en el Presidente que está por salir no debería significar un aval institucional a temas de probable litigio.

Ha de mencionarse, sin embargo, la realidad del presidencialismo mexicano, en los tramos ocupados sobre todo por el PRI, pero también por el PAN, en que con leyes intocadas o con leyes modificadas ha habido un extendido sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo. Otro ingrediente para el análisis asoma en la virtual declaratoria de guerra política que contra el obradorismo ha desatado el elenco judicial dominante, hoy encabezado por la ministra Norma Piña.

El tema de la amnistía tiene dos aristas que requieren reflexión: una es la relacionada con la discrecionalidad que a fin de cuentas podrá ejercer el presidente de la República en turno para otorgar a determinados individuos tal olvido institucional de la responsabilidad legal. Ello puede beneficiar a procesados o sentenciados en casos como el de Israel Vallarta, dolorosamente preso durante 18 años sin recibir sentencia, pero también puede alcanzar a otros casos y personajes turbios o discutibles. En varios países latinoamericanos se ha beneficiado, a partir de normas propicias para lo discrecional, a políticos corruptos, violadores de derechos humanos y militares golpistas.

Mención aparte merece el argumento presidencial de que pretende endosar a hipotéticos delincuentes confesantes la posibilidad de resolver casos graves en los que las autoridades no han podido avanzar, como el de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa. Tales abusos de poder en realidad deberían haber sido llevados a los terrenos de la verdad y la justicia por los gobernantes, lo que no ha sucedido, sobre todo porque no ha habido voluntad política de avanzar contra la barrera militar cada vez más infranqueable.

Cierto es que hay un pacto de silencio para no llegar al fondo de casos como el de Ayotzinapa, pero romperlo no necesita de leyes de amparo ni de anzuelos liberatorios para presuntos informantes claves, sino de voluntad política que, visto está, ha desistido de sus promesas originales y ahora busca transferir la carga del incumplimiento a nuevas figuras jurídicas distractoras. ¡Hasta mañana!

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