La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó medidas cautelares en favor del PAN para que, de manera general, no se relacione el concepto de cártel inmobiliario con actos de corrupción, al considerarlo manifestaciones de carácter calumnioso sin sustento jurídico en contra de Santiago Taboada Cortina, candidato de la alianza opositora del PAN, el PRI y el PRD.

La votación del proyecto de acuerdo generó más dudas que certezas debido a que los integrantes de la comisión –presidida por la consejera Erika Estrada– sufragaron de manera diferenciada los alcances de la queja que fue ingresada por la representación del blanquiazul ante el órgano electoral.

De acuerdo con el consejero Mauricio Huesca, el concepto de cártel inmobiliario no implica un delito explícito en el Código Penal; no obstante, relacionarlo con acciones de corrupción constituye actos de calumnia, de ahí que se aprobara por mayoría –con el voto del consejero Ernesto Ramos en contra– el retiro de 19 publicaciones en redes sociales hechas por morenistas, incluidos dos actores legalmente considerados medios de comunicación: Lord Molécula y El Soberano, por considerarlo un exceso al derecho a la libertad de expresión.

Para el retiro tienen un máximo de 48 horas a partir de la notificación, en caso contrario se podrían imponer sanciones individuales que van desde una amonestación, multa de hasta 5 mil unidades de medida –poco más de medio millón de pesos– y el uso de la fuerza pública.

Por este caso también se aprobaron por unanimidad dos procedimientos administrativos sancionadores por posible vulneración a los principios de equidad en la contienda, así como por presunto uso de recursos públicos en contra del jefe de Gobierno, Martí Batres, el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, y los senadores César Cravioto y Citlalli Hernández.

En la discusión, el consejero Ernesto Ramos propuso desechar la queja en general por falta de legitimación, pues, de acuerdo con la ley, las denuncias por calumnia deben estar firmadas por la persona agraviada y no por su partido; sin embargo, esto fue rechazado.

La comisión también descartó el inicio de un procedimiento sancionador por presunta promoción personalizada contra varios candidatos.

La resolución del IECM podrá ser impugnada ante autoridades jurisdiccionales.

Por presuntos actos de corrupción inmobiliaria –que recientemente fue incluido en el catálogo de delitos de la ciudad–, han sido detenidas y procesadas nueve personas, entre ex funcionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez y empresarios; hay cuatro que están prófugos y otro número similar de sentenciados, además de que 130 edificios irregulares se encuentran bajo investigación.